La reforma constitucional, política y electoral de 2014 cambió profundamente el diseño institucional del sistema electoral y de los órganos encargados de supervisar y aplicar la normatividad en esta materia.
El origen de estas modificaciones fue precisamente la desconfianza que se había generado en el Instituto Federal Electoral y de gran parte de los institutos electorales locales, los cuales se presumía se encontraban al servicio de los Gobiernos en turno, lo que restaba legitimidad y certeza en los comicios.
Por ello, se renovaron la institución federal y las locales y se nombraron nuevos responsables, se establecieron nuevas reglas y se otorgó nuevamente la confianza en que ahora si, se actuaría bajo los principios de imparcialidad, objetividad y certeza jurídica.
Sin embargo, es lamentable que a tres meses de que se celebren las elecciones intermedias, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentre inmerso nuevamente en una crisis de legitimidad.
Hace 12 días, siete de los 10 representantes de los partidos que participarán en la contienda electoral abandonaron el Consejo General, denunciando favorecer a diversos partidos.
Esta acción no debe tomarse como una estrategia electoral o presión política, sino como una verdadera falla en el funcionamiento del INE que debe remediarse de inmediato.
En estas elecciones está en juego no sólo la credibilidad de los partidos, sino de todo el sistema político-electoral.
El Consejo General debe reencauzar su actuación, brindar certeza a todos los partidos y generar las condiciones para que los resultados electorales dependan únicamente de la votación de los ciudadanos y no de la falta de actuación de los órganos encargados de hacer valer la ley electoral.
Frase: Es lamentable que a tres meses de que se celebren las elecciones intermedias, el INE se encuentre inmerso nuevamente en una crisis de legitimidad.
