En este último mes, México nuevamente ha sido cimbrado por hechos violentos que nos han conmocionado a todos, alejándonos de la idea que a nivel mundial se había estado construyendo: que somos un país en paz, respetuoso de los derechos humanos.
El 26 de septiembre policías de Iguala y un comando no identificado dispararon en contra de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, matando a tres y desapareciendo a otros 43; ejecutando también a tres futbolistas que regresaban en un autobús a Chilpancingo e hiriendo a 25 más.
Estos terribles eventos nos han indignado a todos. Prueba de ello, los 14 mil manifestantes del miércoles pasado exigiendo justicia, no sólo en la capital del país, sino en otras ciudades del país y del mundo.
Por eso los llamados de la ONU, la OEA, el gobierno de EU y varias ONG’s como Human Rights Watch, para que se lleve a cabo una investigación transparente de la matanza y la búsqueda efectiva de los estudiantes, cobran relevancia ante la ausencia de autoridades nacionales.
El sentir es general y lo que ya no quiere la sociedad es impunidad.
Como lo señalé el 7 de octubre en el Senado, todas las fuerzas políticas del país coincidimos en que la impunidad debilita la confianza en nuestras autoridades, debilita a las instituciones y a la sociedad; y nos roba la seguridad que todo gobierno está obligado a garantizar.
Estos acontecimientos obligan a ver las cosas en perspectiva para observar que Guerrero no es un caso único.
Tenemos que ver el problema en su completa dimensión y reconocer lo que ha acontecido también en Tlatlaya, Estado de México, en Michoacán y en Tamaulipas.
No es menor la cifra que el Sistema Nacional de Seguridad publicó en 2013 y que nos habla de 23 mil asesinatos en nuestro país en sólo dos años. Hoy lo que vive el país es una completa descomposición social.
Hoy no hay un solo sector del país o partido que no haya sido alcanzado por el crimen organizado, y eso lo tenemos que reconocer asumiendo también nuestra responsabilidad.
No podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que responder en dos sentidos: primero garantizar justicia a la gente. Debemos fincar responsabilidades, castigar a quien corresponda sea del gobierno que sea, del partido que sea, tenemos que recuperar el Estado de Derecho.
Y segundo, tenemos que trabajar en la prevención, evitar que estos acontecimientos se vuelvan a presentar.
Tenemos que blindar nuestras instituciones y a nuestros jóvenes, para que no sean infiltrados por el narcotráfico.
En el Senado tenemos una gran obligación, demostrar que tenemos el tamaño que se requiere para recuperarle a la ciudadanía la paz, la tranquilidad y, sobre todo, la esperanza.
