Zamora ya no puede ser la misma. Se esperaría, en primer lugar, que todos reconozcan que durante años, por una u otra razón, en menor o mayor medida, permitieron que este albergue, dirigido por Rosa Verduzco, se convirtiera en lo que estamos conociendo.
Las autoridades no pueden negar su omisión ante múltiples infracciones a la Ley. Décadas de complicidad.
Autoridades que coadyuvaron, con su cómodo silencio e incluso colaboración con apoyos materiales y financieros, para que “La Jefa” tuviese el poder, para que se construyera como el mito que han defendido con ahínco políticos, empresarios, deportistas, los intelectuales, los abajo firmantes… hasta que conocimos el segundo patio de La Gran Familia.
En este albergue se actuaba con impunidad, sin supervisión alguna por parte de las autoridades. Notarios públicos concretaban la cesión de la patria potestad de padres que dejaban a sus hijas e hijos por portarse mal, como escarmiento.
Pero esas niñas y niños no sólo ya no pudieron salir, sino que sus apellidos habían cambiado a Verduzco. Mamá Rosa reconoce que miles de niñas y niños llevan su apellido.
Durante 60 años fue creciendo su albergue, alejado, aislado del mundo en el que se constituía el Estado de Derecho a favor de todos los derechos de las niñas y niños menores de 18 años, funcionando como un reformatorio clasista en donde se perpetuaban formas de disciplina totalmente contrarias al respeto de la dignidad humana y el interés superior de la infancia.
Falta saber con puntualidad cada caso, ponerle a cada persona cara y cuerpo, historia y origen, su nombre; conocer su salud física y mental, sus deficiencias y el diagnóstico indispensable para asegurarles la posibilidad de reencauzar su proyecto de vida al que tienen derecho como personas.
Se nos dice que debido al deterioro de su salud mental por avanzada edad, Rosa Verduzco es incapaz jurídicamente y por lo tanto, inimputable.
Aun sin presentar demencia senil, a sus 82 años resultaría complicado que se le enviara a un centro penitenciario a purgar la sanción que merecería de comprobarse toda la comisión de delitos que se están configurando.
Pero no debe quedar duda de toda la responsabilidad en la que incurrió desde hace muchos años, porque privar o retener en contra de su voluntad a personas de cualquier edad es, ni más ni menos, que trata de personas, con agravantes cuando de menores de edad se trató; las violaciones sexuales; la desnutrición; la disciplina violenta como forma de educación; la insalubridad.
No olvidemos tampoco la responsabilidad de los familiares que abandonaron sus obligaciones como custodios de sus hijos.
Tres cuestiones importantes: urge el censo de los centros de atención en todo el país; urge reeducar y orientar debidamente para la promoción y respeto de los derechos humanos de la niñez, y no dudar que en este caso se evidencia también una falta de ética.
* Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado
