En México, a pesar de importantes decisiones por parte de los Poderes Judicial y Legislativo, falta un largo camino hacia la erradicación de la tortura como recurso para obtener información y confesiones, así lo demuestran las 860 denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre enero y septiembre de 2013 en contra de funcionarios federales por tortura y trato cruel, inhumano o degradante, señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Recordó que en su más reciente visita a México, el relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, consideró que en México la tortura es generalizada y tiene características endémicas que deben corregirse.
El escenario es aún más trágico al considerar el bajo número de sentencias condenatorias por tortura, explicó la también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, pues entre los años 2005 y 2013 solamente hubo dos, según información del Consejo de la Judicatura Federal.
Human Rights Watch (HRW), en su informe 2014 capítulo México, señala que la Procuraduría General de la República (PGR), aplicando el protocolo de Estambul, analizó 302 casos entre 2003 y agosto de 2012, y encontró signos de tortura en 128; sin embargo, durante ese período inició solamente 39 investigaciones de tortura, y ninguna de estas terminó en procesos en los cuales se impusieran condenas.
La senadora del PRD indicó que en octubre de 2012 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas evaluó al Estado mexicano y condenó el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y le solicitó informara, en el plazo de un año, de los avances en materia de enjuiciar a los sospechosos de esta práctica.
La CNDH ha informado haber identificado en el país 5 mil 324 centros de detención de diversas características desde las cárceles, separos en seguridad pública y juzgados, centros de atención a adolescentes, áreas de detención en los hospitales entre otros y con motivo de las visitas se han identificado por lo menos 13 mil 500 distintas irregularidades asentadas en 44 informes emitidos en los últimos años.
Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, manifestó que la erradicación de la tortura requiere no sólo actuar de manera reactiva sino también prever la ocurrencia del hecho y reducir significativamente los riesgos de que vuelva a ocurrir.
Por lo anterior, la legisladora presentó ante la Comisión Permanente, el pasado 23 de julio, una iniciativa para reformar Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de:
• Configurar el tipo penal acorde la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas.
• Sea aplicada en todo el territorio nacional en Materia del Fuero Federal.
• Para que los órganos dependientes del Ejecutivo federal, relacionados con la procuración de justicia, seguridad pública y seguridad nacional, se profesionalicen y capaciten a su personal para el pleno respeto de los derechos humanos.
• La obediencia jerárquica no sea eximente de responsabilidad.
• El particular que, en cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión del delito de tortura.
• Incrementar las sanciones cuando se trate de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, en cuyo caso el delito será imprescriptible.
Finalmente, Angélica de la Peña Gómez resaltó que dimensionar el obstáculo que representa la tortura para el acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas, exige en primer lugar la aceptación de la existencia del delito y el perfeccionamiento continuo de la legislación conforme a los estándares internacionales.
Estos temas habrán de abordarse con especialistas y expertos en el Foro de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México, que organizan la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, la Oficina En México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se realizará en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el próximo 30 de julio.
