La Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética crea entes reguladores débiles que tienen como objetivo proteger y fomentar la inversión privada, y no la protección del interés nacional, afirmó el senador Raúl Morón Orozco.
Al presentar voto particular al dictamen que expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el legislador por Michoacán sostuvo que son organismos sin fuerza y autonomía, supeditados a la Secretaría de Hacienda y de Energía, sin capacidad de autogestión, sin autonomía presupuestal, ”son simplemente órganos del Presidente”.
Mencionó que en la historia de México, el discurso de la modernización sólo ha servido para introducir al neoliberalismo, para reformar la Constitución para desmantelar los ejidos de las comunidades y rematar las empresas públicas de este país”.
“Por eso estoy convencido que deben de crearse entes reguladores fuertes, eficaces y eficientes que generen condiciones de equilibrio y competencia, instrumentando de manera eficaz regulación y administración del sector con beneficio social”, destacó.
De lo contrario, advirtió, las empresas que lleguen a invertir a México vulnerarán las leyes amparados en normatividad creada a modo y al mismo tiempo no respetaran derechos de trabajadores.
“No podemos estar a favor de una política de Estado que fija la prevalencia del interés energético sobre cualquier otro y que bajo el amparo de la utilidad pública lesiona, transgrede, despoja, invades y violenta los derechos adquiridos de las personas sobre su patrimonio”, mencionó.
En materia ambiental, Raúl Morón indicó que otro tema preocupante que no se atiende en esta reforma es el Impacto de la explotación de medio ambiente en la salud de los ciudadanos, pues la propuesta privilegia la explotación y uso de fuentes fósiles, pese a que son los más contaminantes.
Ante la crisis ambiental que sufre México, el michoacano señaló que es necesario un órgano que cumpla con la función sustantiva de regular, promover, velar y exigir la protección del medio ambiente, a fin de evitar que las actividades del sector energético impacten negativamente su deterioro.
“Que funja como un verdadero órgano de control y vigilancia en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente con la fuerza necesaria para imponer políticas, lineamientos y decisiones sustentables, preventivas o restaurativas a los concesionarios”, concluyó.
