La sesión del Senado del pasado viernes 4 de julio representó una verdadera encrucijada histórica. Se trataba de decidir no sólo entre dos modelos de telecomunicaciones, sino entre dos visiones del país. Una que condena a la sociedad mexicana a seguir padeciendo el monopolio de la opinión pública y amenaza con extenderlo a las nuevas plataformas de la comunicación y la información. La otra busca que arribemos a la pluralidad de medios, a la diversidad y calidad de contenidos y a derechos plenos para las audiencias.
Al redactar estas líneas, se preveía que una mayoría mecánica despacharía en unas horas más de 600 páginas de una iniciativa que contradice la reforma constitucional de 2013 y traiciona la promesa de democratizar el régimen de medios de comunicación y de garantizar el acceso de millones de mexicanas y mexicanos a la sociedad de la información.
El gobierno y sus aliados buscan, en cambio, prolongar décadas de malos contenidos, de analfabetismo digital, de programas insulsos. Y lo hacen porque menosprecian a la mayoría de los mexicanos, porque con su ideólogo Emilio El Tigre Azcárraga, piensan que este país está condenado a tener siempre “una clase modesta muy jodida, que no saldrá de jodida”.
Del voto de los senadores dependía también que se estableciera un control efectivo del abusivo monopolio de la telefonía. Pero no se trataba, como lo querían hacer ver el gobierno y sus corifeos, de contener a Carlos Slim para permitir que otros hagan lo mismo. Eso es justo lo que buscan los redactores del dictamen: que México deje de ser “territorio Telcel” para convertirse en “territorio del canal de las estrellas”.
Esa es la chata visión de una parte de la clase política que sólo piensa en función de los intereses de unos u otros poderosos y no en una República democrática que no sea rehén de los poderes fácticos.
Una vez más se han impuesto los poderes monopólicos que fijan la agenda nacional, que hacen gobernadores y presidentes.
La actual legislatura será recordada como la que incumplió el mandato constitucional y despreció a los jóvenes que en 2012 dieron una lucha ejemplar en pos de la democratización de los medios.
El resultado es un nuevo entramado jurídico que combate unos monopolios para proteger a otros.
Se ha renunciado a construir una República democrática, para que se consolide el reino de la telecracia autoritaria.
Algunos votos de los senadores tienen que ver con el simple hecho de que tienen relaciones, incluso familiares, con los ejecutivos del duopolio televisivo. En otros casos, para desgracia del país, los legisladores se rindieron ante el canto de las sirenas del rating, que les prometieron apoyo para sus carreras políticas.
Son muchos los aspectos del paquete de telecomunicaciones que van en sentido contrario a lo establecido en la Constitución:
La mayoría mecánica optó por leyes que privilegian los modelos comerciales y menosprecian a los medios públicos a los que no se dota de independencia, autonomía de gestión ni opciones de financiamiento. Eso es, lamentablemente, lo que busca un gobierno que ha dado pruebas de ser reacio a la crítica y proclive al control de los medios con las mismas fórmulas que perfeccionó el partido hegemónico a lo largo de siete décadas.
El espacio disponible es insuficiente para detallar las violaciones a la Constitución que el gobierno y el PAN acordaron.
Pero no puedo dejar de mencionar el tema de la preponderancia, donde hay una clara violación a la letra y el espíritu de la reforma constitucional. El dictamen discutido el viernes 4 copia lo que dice la Constitución como si eso resolviera de un plumazo la polémica en torno a la definición de preponderancia por “sector” o por “servicio”.
Al asumirse que sea por “sector” simplemente no existirá un preponderante en radiodifusión, porque este sector se compone de dos servicios: radio y televisión abierta. En consecuencia, la finalidad de la reforma constitucional sería ignorada en cuanto a televisión abierta. Sí, para que sigan haciendo telebasura los que piensan que los mexicanos nunca saldremos de “jodidos”.
