Posicionamiento de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros con relación a los cuerpos de los trabajadores que presuntamente pertenecen a la Sedesol, encontrados en la sierra de Guerrero; y sobre los recursos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre utilizados para la realización de concierto “compartamos la música, erradiquemos el hambre”.
Esta semana ocurrieron dos hechos importantes que han derivado en diversos cuestionamientos de la opinión pública hacia la Secretaría de Desarrollo Social.
Primeramente, el pasado 3 de junio se dio a conocer que en el municipio de Coyuca de Benítez, ubicado en la Sierra del Estado de Guerrero, se encontraron en una fosa clandestina los cuerpos de tres personas.
De acuerdo con versiones que han manejado distintos medios de comunicación, en dichos cuerpos se encontraron identificaciones que los acreditaban como empleados del programa Liconsa.
Es muy escasa la información que existe al respecto, puesto que las autoridades no han dado mayores aclaraciones. Y esto es preocupante puesto que por todos es muy conocido el riesgo que enfrentan los promotores de los distintos programas sociales al realizar su trabajo en comunidades alejadas debido a los altos índices de violencia que se registran en nuestro país.
Por lo tanto, hago un respetuoso exhorto a las autoridades para que apremien en la investigación y se evite a toda costa que este crimen quede impune. Asimismo, espero que por parte de la SEDESOL en sus distintos niveles de operación se extremen las medidas de seguridad hacia los trabajadores encargados del trabajo de campo en la promoción de los programas sociales, con la finalidad de evitar a toda costa algún riesgo en su integridad.
Por otra parte, gracias a una solicitud presentada por un importante medio nacional de comunicación y después de interponer varios recursos de revisión, pudieron obtenerse copias de facturas y montos ejercidos el año pasado por la SEDESOL para llevar a cabo un concierto en el Auditorio Nacional como parte de las actividades de la Estrategia SINHAMBRE.
Dicho monto, que asciende a la cantidad de 10.4 millones de pesos, tenía el objetivo de recolectar víveres a favor de los 400 municipios más marginados del país.
Considero que bajo esta lógica, con el mismo monto alcanza perfectamente para cubrir más de 12 mil canastas básicas rurales (a precios de abril del 2014), o bien, para comprar 2.3 millones de litros de leche LICONSA; incluso, este dinero supera el presupuesto federal y estatal asignado al municipio más pobre del país: San Juan Tepeuxila en Oaxaca, mismo que asciende a poco más de 8.2 millones de pesos.
Por lo tanto, se trató de un gasto innecesario puesto que además de que no fue correctamente dirigido, abrió la puerta para que la ciudadanía ponga en entredicho los nobles fines trazados para dicha Estrategia.
Reconozco la importancia de buscar alternativas para la difusión y operación de los programas hacia la población con mayores carencias y rezagos sociales; y también considero trascendental la participación activa de la ciudadanía en la ejecución de la política social. De hecho, este es uno de los principios que plantea el artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social, donde se establece el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.
Desde los inicios de SINHAMBRE he promovido, tanto en la tribuna del Senado de la República como a nivel Interinstitucional, la necesidad de establecer un organismo ciudadano de fiscalización de dicha Estrategia, sin que a la fecha haya prosperado. Con un organismo de este tipo, con el carácter de “Observatorio Ciudadano”, estoy segura que hoy no tendríamos a la SEDESOL con los cuestionamientos que se le están haciendo.
Hago un atento y respetuoso exhorto a todas las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre para que tengan una mayor mesura en la aplicación de los recursos que se ejercen en el marco de dicha Estrategia y a que se replantee la visión con que se viene operando la misma a fin de que esta pueda convertirse en una herramienta efectiva que garantice el derecho a la alimentación de todas y todos los mexicanos que viven situación de pobreza.
