La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), sigue siendo la más grande del país y una de las 100 más grandes del mundo. Su contribución a los ingresos totales del gobierno federal es todavía elevada, a pesar de que ello le signifique, prácticamente, no invertir en su desarrollo futuro, ya que las inversiones en nuevos proyectos se reducen año con año por su enorme carga fiscal, que compromete casi por entero sus ingresos.
No obstante su importancia nacional, Pemex afronta las consecuencias de un paulatino desmantelamiento interno a la que se le suma, con la reforma energética, la pérdida de mercados, reducción de proyectos de inversión, capacidad de desarrollo y perspectivas de futuro. En suma, merma su importancia estratégica dentro del Estado mexicano.
En el Plan de Negocios 2017-2021 de Pemex, dado a conocer en noviembre de 2016, se establecen las acciones que, de acuerdo con su director general, José Antonio González Anaya, le permitirá alcanzar un superávit primario este año y lograr el balance financiero en 2019 o en 2020. Tal afirmación podría resultar audaz si no fuera porque está más cerca de ser una mentira que un objetivo alcanzable, dadas las actuales circunstancias.
En sí misma, la principal empresa petrolera del país presenta utilidades y se considera rentable, así lo demuestran diversos indicadores; sin embargo, sus principales problemas son evidentes desde hace muchos años: Los pagos de impuestos y derechos que realiza Pemex resultan demasiado altos, incluso en estándares internacionales y, además, derivado de esa carga fiscal, tiene un creciente endeudamiento que implica un costo financiero elevado.
Aunque el director general de Pemex se lo proponga, no se puede “tapar el sol con un dedo” o con un plan de negocios. Las críticas y malos augurios vienen no sólo de la izquierda opositora, en concreto del PRD, también proviene de otros lados, por ejemplo, a principios de este mes la agencia calificadora Fitch Raitings dio a conocer un reporte donde afirma que la carga fiscal que mantiene el gobierno sobre Petróleos Mexicanos dirige a la empresa a la insolvencia.
En forma categórica, la agencia Fitch señala que el pago tan elevado de impuestos, pago de derechos y regalías forzará a Pemex a contraer, de nuevo, deuda en el corto plazo, y prevé la necesidad de un rescate del gobierno federal en el mediano plazo ante la posibilidad de caer en insolvencia.
Pemex ya realizó un recorte de 100,000 millones de pesos desde febrero de 2016, que impactó principalmente en el área de exploración de la empresa, disminuyendo el número de equipos y personal involucrado en numerosas zonas con potencial de extracción, comprometiendo las posibilidades de desarrollo de la empresa en el futuro.
Decisiones derivadas de la reforma energética como la del Programa de Cesión de Contratos de comercialización de gas natural, para promover y facilitar la entrada de nuevos participantes privados, como parte de la regulación asimétrica para que Pemex ponga a disposición de terceros comercializadores la cesión de la parte de su cartera de contratos que represente 70 por ciento del total del volumen de gas natural asociado a sus actividades actuales de comercialización, sin restituir inversiones realizadas durante muchos años previos, de ninguna manera fortalecen a
a la empresa del Estado.
Aquí otro ejemplo del mal manejo financiero de Pemex, la decisión de comprar dos empresas privadas para producir más fertilizantes en el país implicó, en sólo dos años, el pagó de once mil millones de pesos; en un caso, una empresa prácticamente sin operación, y en el otro, una que no logró mayor producción. Ahora pretenden rematar a la iniciativa privada ambas empresas, en detrimento del patrimonio de la empresa productiva del Estado.
Las mentiras revelan la verdad: A Pemex no era necesario privatizarla, tan sólo basta reducirla a su mínima expresión.
Senador de la República
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