La sana convivencia en la comunidad se logra cumpliendo las normas que se diseñan y aprueban en cada ámbito y por cada poder. El legislativo hace las leyes y el ejecutivo instrumenta las acciones y políticas para aplicar esas leyes. Todos debemos respetar esas normas, si no lo hacemos, la autoridad debe hacernos cumplir o en su defecto nos llamará a enmendarnos, nos impondrá coacciones o sanciones proporcionales a las faltas.
Ese es el cometido del Estado: diseñar y aprobar las reglas desde los congresos, aplicarlas desde los gobiernos municipales, estatales o federales; imponer sanciones desde el ámbito judicial, incluso privación de la libertad, según sea la infracción a las leyes. Así ha sido desde las primeras civilizaciones.
Para mantener la sana convivencia de las sociedades, la seguridad, el respeto a los demás y el libre y seguro tránsito de las personas, la autoridad se vale de las policías. Así se construyen los tejidos sociales, articulando los espacios públicos y privados seguros para cada una de las personas respetando y haciendo respetar la Ley.
¿Por qué vienen al caso estás letras? Porque hay que insistir en identificar el problema de nuestro país en materia de seguridad pública, que se expresa precisamente en el rompimiento del tejido social de manera dramática en diversos territorios del país. Quienes deben garantizar la vigilancia de las reglas y normas legales sufren un deterioro que los hace infuncionales.
Las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno no funcionan porque están mal pagadas, no han sido profesionalizadas ni capacitadas permanentemente para que su desempeño sea irrestricto en el respeto a los derechos humanos; porque no hay controles internos para detectar cuando son cooptadas por la delincuencia, son ineficientes o sobreviven amenazadas por la mafia.
Recurrir a las organizaciones y a la academia especializada es necesario para comprender integralmente el conocimiento y causas de la ineficiencia de las policías.
Esto que parece sencillo hoy nos ha hecho crisis en el país, y no es la solución institucionalizar la presencia de las fuerzas armadas, que han contrarrestado la ineficiencia de las policías civiles.
Por desgracia no es la Ley de Seguridad Interior la solución; por lo tanto, este pendiente será uno de los temas sustantivos del Frente conformado por el PAN, PRD y MC.
Reconstruir el tejido social es la prioridad. Concretar estos cambios de manera estructural es la prioridad, porque la gente lo reclama, porque es su derecho y es una obligación que se ha desatendido y hoy nos ha estallado en crisis.
Por Angélica de la Peña Gómez
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
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