Boletín de Prensa
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2017
La investigación de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, responsabilidad del Estado
- Realizan Conversatorio para la construcción de un Protocolo de Investigación de Delitos en contra de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
El grave problema de impunidad en las agresiones a personas defensoras del derechos humanos en México es una responsabilidad del Estado, por lo cual se tiene que trabajar para ubicar la magnitud de ésta a fin de que responda como es debido, señaló la senadora por el PRD, Angélica de la Peña Gómez.
Durante el “Conversatorio para la construcción de un Protocolo de Investigación de Delitos en contra de las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado consideró que el resultado de dicha reunión es la necesaria construcción de un protocolo que permita atender las recomendaciones en materia de protección de personas defensoras de Derechos Humanos que han hecho a México los organismos nacionales e internacionales.
Señaló que este protocolo debe brindar certezas para las y los defensores de derechos humanos, tanto para lograr el acceso a la justicia pero sobre todo garantizar la adecuada protección de este tipo de hechos que avergüenzan a nuestro país.
Por su parte, el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo, afirmó que el protocolo de actuación es fundamental, ya que en materia de personas defensoras de derechos humanos no se han visto avances en las investigaciones de los delitos cometidos en su contra.
El nivel de impunidad es muy alto, ya que la falta de correctas investigaciones deriva en la falta de sentencias. Por lo tanto, el Visitador consideró adecuado que haya un protocolo no solo de investigación, sino también de actuación en materia penal, resaltando la importancia de que haya celeridad en los procesos.
El representante en México De la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que la situación de las personas defensoras de derechos humanos es uno de los grandes desafíos en el país, ya que plantea situaciones críticas en esta materia y presenta el desafío de derrotar la impunidad existente. Mencionó que en los últimos 5 años ha habido en avances en la protección de las y los defensores, sin embargo, consideró que, pese a la implementación de políticas públicas, hace falta que las investigaciones, así como las sanciones correspondan a la situación actual que se vive, ya que afirma que esto generará un verdadero y efectivo cambio.
Marcia Aguilus, Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, consideró que el conversatorio es un primer esfuerzo para la construcción de una verdadera protección a las personas defensoras de derechos humanos. Mencionó que, pese a que existe un mecanismo de protección, el tema de investigación sigue siendo el gran desafío, es justo la investigación la forma idónea de eliminar el riesgo al que se enfrentan las y los defensores.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, consideró que pese a que México cuenta con un mecanismo importante de protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos, la creación de un protocolo de investigación de delitos contra las personas defensoras es el siguiente paso natural y, por lo tanto, es necesario completar el mecanismo con un protocolo que lleve a una protección efectiva de estas personas.
La titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra, resaltó que desde un principio se planteó un protocolo de investigación para defensoras y defensores de derechos humanos entre la autoridad y la sociedad civil, en el que el dialogo es el único camino y el compromiso es con las personas más vulnerables.
Por su parte Michael W. Chamberlin, Subdirector Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios A.C., enfatizó que la investigación y la protección son un vínculo indisoluble en una política de atención de agravios cometidos en contra del derecho a defender los derechos humanos. Desde su perspectiva, lo ideal es que se genere un protocolo que sea aplicable de manera general.
Finalmente, el Relator Especial de Naciones Unidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, destacó que esta es su tercera visita a México y que en ocasiones anteriores tuvo la oportunidad de reunirse y escuchar las principales inquietudes de más de 800 defensoras y defensores de derechos humanos, quienes le externaron las problemáticas a las que tienen que enfrentarse y su preocupación sobre la impunidad, por ello desatacó que en el informe que presentará en el mes de marzo en Ginebra, uno de los temas prioritarios será la impunidad que se vive en el país y que afecta de manera directa a la protección de las y los defensores de derechos humanos.
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