Ciudad de México, viernes 22 de diciembre 2017
BOLETÍN DE PRENSA
Propone Isidro Pedraza establecer política de integración educativa, social y económica de protección de mexicanos repatriados de manera forzada.
Con el fin de fortalecer la protección jurídica de los mexicanos que residen en el exterior, independientemente de su estatus migratorio, el senador Isidro Pedraza Chávez propuso que el Estado mexicano establezca una política de integración educativa, social y económica de protección de mexicanos repatriados de manera forzada.
Mediante una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, el legislador del PRD señaló que ante el endurecimiento de las políticas estadounidenses frente a los migrantes es necesario establecer una política focalizada para mexicanos, connacionales y sus familias en retorno o repatriación forzada, que salvaguarde sus derechos humanos.
“Para quienes suscribimos la presente iniciativa es prioridad que el Estado mexicano
establezca una política de integración educativa, social y económica que contribuya
al desarrollo nacional”, mencionó.
Explicó que ante el desafío de una deportación masiva de más de 3.5 millones, su iniciativa tiene por objeto mejorar la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el resto de las dependencias federales, gobierno estatales y municipales, para impulsar una política de protección, repatriación e integración social a la sociedad.
“Consideramos que el desafió que enfrentamos como Estado, va más allá del retorno a territorio nacional o a sus comunidades de origen, el gran desafió -y con especial impacto para los estados fronterizos colindantes con Estados Unidos de América- será la provisión de vivienda, servicios públicos como educación, luz, agua potable, empleo, seguridad, y particularmente servicios médicos”, indicó.
El objetivo, dijo, es evitar choques culturales y facilitar su integración a la sociedad mexicana.
En este sentido, detalló que su propuesta considera los incentivos fiscales y aduanales para el ingreso de su menaje y sus ahorros, así como medidas de integración socioeconómica para facilitar el ingreso a territorio nacional y reconocerlos como un grupo social prioritario y con amplio potencial para fortalecer nuestro sistema económico y educativo.
En concentro y a partir de la revisión del marco jurídico nacional y experiencias
internacionales se propone:
Ampliar y fortalecer las facultades de la Secretaria de Gobernación a fin de especificar claramente en la Ley Orgánica de la Administración Pública su responsabilidad como rector y responsable de la política de integración de los mexicanos, connacionales y sus familias deportados o repatriados a territorio nacional.
Se propone una política pública de protección, recepción e integración en la sociedad mexicana, que facilite el reconocimiento de la nacional a los mexicanos, connacionales y sus familias, así como proporcionarles una identidad y el reconocimiento de su patrimonio al ingresar a territorio nacional.
Además, plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un régimen temporal para introducir aquellos bienes y productos de uso personal, médico, laboral o de valor familiar, susceptibles de ser introducidos al país por los migrantes mexicanos, eliminando el pago del Impuesto General de Importación y del Impuesto al Valor Agregado, así como procedimientos aduanales simplificados y tarifas preferenciales de importación.
“Se propone que en un plazo no mayor a 30 días naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las adecuaciones presupuestales para Ampliar los recursos a la Secretaría de Relaciones Exterior para fortalecer la protección jurídica de los mexicanos y sus familias en el exterior, particularmente en aquellos países que implementen políticas antinmigrantes y dotar recursos extraordinarios a la Secretaria de Gobernación para infraestructura y personal de recepción, atención e integración de connacionales y familias”, explicó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Población y Desarrollo, y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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