Linchamientos impiden el acceso a la justicia y deterioran el tejido social: De la Peña Gómez


Es muy preocupante que la SCJN haya tomado una decisión que contradice el principio de progresividad de los derechos humanos de las mujeres

Boletín de Prensa

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017

 

Linchamientos impiden el acceso a la justicia y deterioran el tejido social: De la Peña Gómez

 

  1. Ausencia de autoridades, desigualdad en el acceso a la justicia e impunidad, sus causas.

La aplicación de la justicia por propia mano debe verse como algo peligroso para la comunidad y para la necesaria reconstrucción del tejido social, lo cual tiene que llevarse a cabo a partir del marco jurídico constitucional, aseveró la senadora por el PRD, Angélica de la Peña Gómez.

Al participar en el foro “El fenómeno de los linchamientos en México (2010-2017), incidencias, causas y alternativas”, realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la legisladora señaló que el tema de los linchamientos debe atenderse de manera integral, ya que son diversos los factores que llevan a una población a hacer justicia por propia mano.

Entre estos factores, la senadora Angélica de la Peña destacó la falta de autoridad, la desigualdad en el acceso a la justicia, así como la impunidad para quienes cometen algún delito. Al respecto, recordó que de cada cien delitos que se cometen en el país, sólo en 24 por ciento se presenta denuncia,  y de ese porcentaje solamente el 7% llega a una sentencia.

Con base en el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana “Los linchamientos en México, un recuento del periodo 2008-2014”, apuntó que en los últimos 26 años se han registrado 366 casos relacionadas con el linchamiento de personas en diferentes estados de la República Mexicana, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las entidades que registran las mayores incidencias de este tipo de actos.

Dijo que esta expresión de justicia por propia mano se asocia a los siguientes delitos: 50% por robo; 16.2% por atropellamiento y otros accidentes viales; mientras que entre 6 y 7% por denuncias de violación, asesinato o secuestro.

Apuntó que, de acuerdo al índice Global de Impunidad 2017, México encabeza nuevamente la lista entre los países de América Latina  con alto índice de impunidad, al ubicarse con 69.21 puntos en cuanto a percepción entre la ciudadanía.

“La consecuencia más importante de la impunidad es que imposibilita el acceso a la justicia y a la seguridad, que son un bien público fundamental. La impunidad fractura la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a ese bien, además extiende la violencia e inseguridad porque quien comete delitos encuentra la oportunidad de seguirlo haciendo al saber que la posibilidad de ser detenidos o salir libre es muy fácil”, señaló la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Indicó que la percepción de impunidad que permea en la sociedad está relacionada con el nuevo sistema de justicia penal, el cual es señalado como “una puerta giratoria” que además protege los derechos de quienes cometen delitos y no los de las víctimas, “la realidad es que la Ley Nacional de Ejecución Penal es una magnífica legislación que permitirá abatir el hacinamiento sancionando debida y proporcionalmente a quienes cometen delitos e impidiendo que las cárceles se conviertan en “universidades del crimen”, al lograr la reinserción social de quienes ha debido cumplir una sentencia”, añadió.

Insistió en que la reconstrucción del tejido social inexorablemente pasa por la reconstrucción del estado de derechos, donde deben trabajar los tres órdenes de gobierno, pero no de manera aislada, sino atendiendo las demandas de la sociedad, las cuales en la mayoría de las ocasiones no son escuchadas.

 

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