Crear el Instituto nacional de Protección Civil como un órgano desconcentrado con autonomía, especialidad, capacidad técnica y operativa


Ciudad de México, martes 17 de octubre, 2017

 

INTERVENCIÓN EN TRIBUNA

 

Crear el Instituto nacional de Protección Civil como un órgano desconcentrado con autonomía, especialidad, capacidad técnica y operativa

 

Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil.

 

Isidro Pedraza Chávez (IPC): Gracias presidente.

 

Compañeras y compañeros, como usted bien lo dijo vamos a presentar una iniciativa para crear el Instituto de Protección Civil.

 

Los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado junto con las diversas réplicas ocurridas que aún producen daños y zozobra entre la población, mostraron congruencia en la situación de vulnerabilidad que nuestro país mantiene frente a este tipo de fenómenos naturales.

 

No obstante que a partir de 1985, con los sismos desbastadores de ese año, la política de protección civil se actualizó consiguiendo verdaderos avances respecto a aquel momento, fortaleciendo la cultura de la prevención entre la sociedad y las autoridades gubernamentales.

 

Haciendo del concepto de protección civil una política pública indispensable para afrontar los diversos tipos de fenómenos naturales con capacidad destructiva que ocurren en nuestro país.

 

Reconociendo los avances, aun así, el actual momento de gravedad que afrontamos como sociedad después de los sismos padecidos el mes pasado, hace necesario volver a analizar la condición que guarda la protección civil en la administración pública nacional.

 

En el plano internacional, en el marco de la Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030, fue adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Sendai, Japón, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

El Marco de Sendai presenta una serie de innovaciones entre las que destaca de manera particular el marcado énfasis puesto en la gestión de riesgo de desastres en lugar de la siempre gestión de desastres.

 

La discusión de expertos internacionales subraya que el alcance de la resolución de riesgo de desastres debe ampliarse considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como en las de origen humano; así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos, biológicos conexos, comprendiendo mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones.

 

Y es precisamente en las múltiples dimensiones de los desastres que se ha puesto atención a las condiciones relativas de la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales, la rendición de cuentas en la gestión de riesgos de desastres, la necesidad de preparase para reconstruir mejor, en el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones, la movilización de inversión que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos, la resiliencia de la infraestructura sanitaria, el patrimonio cultural y de los lugares de trabajo, el fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales.

 

A lo anterior, hay que sumar que en mayo de este año, tuvo lugar en nuestro país la reunión de la Plataforma Global de Reducción del Riesgo de Desastres 2017, convocada por la ONU.

 

En dicha reunión internacional, a la cual asistieron más de 6 mil delegados de 189 países, el Presidente de la República informó que en México, la cuarta parte de la población vive bajo la amenaza de enfrentar ciclones y una tercera parte es vulnerable a sismos o terremotos.

 

Tan solo de 2012 a mayo 2017 se han presentado al menos 166 situaciones de

desastre de diferentes magnitudes en el país. Sin contar, todavía ahí, los sismos de septiembre pasado.

 

México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre.

 

La exposición a estos fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio, la vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país.

 

El creciente impacto económico y social debido al incremento de fenómenos catastróficos, particularmente vinculados al cambio climático, pone al descubierto las limitaciones de las políticas públicas de la primera década del presente siglo en el país, y ya no sólo en México, también en Estados Unidos, ahí están los damnificados en Miami y están en Puerto Rico atendiendo problemas graves.

 

Para atender las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores se cuenta con el modelo establecido para atender situaciones de crisis; sin embargo, en los últimos años se ha observado una asimetría entre las acciones preventivas y reactivas, centrando los esfuerzos en la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada.

 

Esta visión debe reorientarse, encaminándose a buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la Protección Civil, a efecto de ir contando con mayores recursos humanos, materiales y financieros para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o varios agentes perturbadores.

 

Muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que tanto las instituciones, como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos y cada uno de los eventos adversos que pueden sucederles y que pueden impactar en todas actividades primordiales.

 

Aunado a lo anterior, el propio Programa Nacional de Protección Civil advierte que

el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta dificultades para alertar eficazmente a la población debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación de los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta.

 

Las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) carecen de suficiente conocimiento especializado en gestión de riesgos, así como de mecanismos para compartir información que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos.

 

La trascendencia de facultades y atribuciones de la actual Coordinación Nacional de Protección Civil contrasta dramáticamente con la naturaleza y la personalidad jurídica de una unidad administrativa menor adscrita a la Secretaría de Gobernación.

 

La magnitud de los riesgos que enfrenta un país como el nuestro nos obliga a contar con una instancia de más alto nivel cuyas características esenciales sean la autonomía, la especialidad y la capacidad técnica y operativa.

 

Por lo tanto, el modelo de Coordinación Nacional como unidad administrativa reactiva de la Secretaría de Gobernación, debe dar paso a un nuevo modelo de Protección Civil y gestión del riesgo de desastres, a partir de la creación del Instituto

Nacional de Protección Civil como un órgano administrativo desconcentrado de la misma Secretaría, encargado de la gestión, operación y ejecución de las políticas públicas en Protección Civil.

 

Repito, éste es un órgano desconcentrado con autonomía, con especialidad, con capacidad técnica y operativa, que se llamara Instituto Nacional de Protección Civil,

como un órgano administrativo desconcentrado de la misma Secretaría de Gobernación.

 

Esto es en esencia el propósito de esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del PRD por mi conducto el día de hoy, para reformar la Ley de Protección Civil y crear el Instituto Nacional de Protección Civil para fortalecer la política pública del Estado en la materia.

 

Y esto, tomando en cuenta los anteriores acontecimientos que hemos vivido en el mes de septiembre.

 

Gracias

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