Ciudad de México, jueves 28 de septiembre, 2017
INTERVENCIÓN
La Profepa debe ser un aliado para reducir la vulnerabilidad de aquellos que enfrentan conflictos socioambientales: Mayans Canabal.
Versión estenográfica de la intervención en tribuna del senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Fernando Mayans Canabal (FMC): Con su permiso, señor presidente.
Quiero antes mandarle un abrazo cordial con mucho afecto, cariño a todo el pueblo de México, por todo el sufrimiento, el dolor, las calamidades que hemos tenido que presentar afortunadamente juntos, luchando contra el dolor, la muerte.
Había yo decidido no hablar en tribuna, porque no tengo el ánimo, las ganas con todo esto que hemos venido padeciendo.
Me toco ayudar y atender en el 85, en el terremoto; las inundaciones de Tabasco; obviamente el 7 de septiembre y el 19 de septiembre del terremoto aquí en la Ciudad de México, nuevamente ayudando como médico que esa es mi formación y a eso me he dedicado.
Un abrazo afectuoso, mis condolencias a todo el pueblo valiente, inteligente y estoy seguro que si nos doblan no nos quiebran.
México es muy grande, lo hemos dicho aquí, y tenemos la capacidad de salir adelante.
Y bueno, hay que seguir trabajando y en ese sentido vengo aquí conforme al dictamen a hacer unas propuestas que en su momento las voy a presentar son dos reservas, pero les quiero comentar que en el ejercicio y disfrute democrático de los derechos fundamentales abarca el que el pueblo y la ciudadanía tengan los mecanismo idóneos para reclamar sus derechos ambientales constitucionales como es el de un medio ambiente sano o la reparación del daño ambiental.
El acceso a la justicia ambiental sigue siendo el reto principal a cumplir en el país, con el afán de alcanzar ese objeto dentro del desarrollo institucional es necesario aprender y emprender una ruta de cambios legislativos que apuntale hacia el establecimiento de un organismo responsable de la aplicación y vigilancia de la legislación ambiental en materia federal con los suficientes dientes para lograr procurar la justicia ambiental en nuestro país.
Ante los efectos de impacto de la crisis ambiental que también hoy padecemos, dichos organismos tiene que hoy sustraerse del Poder Ejecutivo Federal para lograr hacer énfasis en la necesidad de establecer un verdadero equilibrio de la variable ambiental ante las otras variables de desarrollo como son la economía y la social.
En materia que se aborda en el dictamen a nuestra consideración, inevitablemente me obliga a exigir desde esta tribuna la pronta reparación de los graves daños no sólo ambientales, sino sociales que se han generado con motivo de nuestra industria petrolera.
En materia de justicia ambiental, reconocemos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es sin duda un avance en la administración ambiental. Su carácter desconcentrado le otorgó en su momento una autonomía técnica importante para ejercer sus funciones.
Indudablemente, después de 25 años de su existencia hay una estructura administrativa mucho más fuerte que la que había en el principio. Sin embargo en el aspecto de justicia social que brinde una respuesta a estos daños que se encuentran vigentes en los principales estados petroleros como es Campeche y Tabasco, no hay avances.
Por esta razón hago un llamado a la Comisión de Energía para que no se postergue más la dictaminación de un proyecto de reforma que presente encaminado a la respuesta y los reclamos de reparación del daño, que como señale, no sólo es ambiental, sino social, propósito que no se aparta a la protección del derecho constitucional de un ambiente sano y equilibrado, sino que forme parte fundamental del mismo, si se le requiere respetar con una visión de sustentabilidad.
Es oportuno decir que frente a los problemas relativos a una verdadera gestión integral del agua como recurso vital tiene que emprenderse una reforma sólida que garantice a los mexicanos el disfrute y ejercicio del derecho a ese acceso en forma suficiente, saludable y asequible.
También hay carencias operativas y conceptuales, por ejemplo para vigilar el aspecto forestal como es el caso del gran destinaje de la madera y la deforestación por cambio de uso de suelo, materialmente resulta imposible tener suficientes inspectores en el área forestal. El país tiene aproximadamente 140 millones de hectáreas de cubierta vegetal entre bosques, selvas y matorrales, por ejemplo para tener un inspector por cada 10 mil hectáreas se requerirían 14 mil inspectores en la superficie antes mencionada, esto significa que una estrategia policíaca ecológica por sí sola no puede funcionar en contra del deterioro de los recursos naturales y del ambiente.
Se requiere integrar estrategias que incentiven a la ciudadanía a conservar y proteger sus recursos naturales, que las comunidades asuman compromisos de conservación, no solamente hay problema operativos aunque hay un discurso de la sociedad en contra del deterioro ambiental, la realidad es que hay una creciente impunidad ambiental.
Se destruyen y se deterioran ecosistemas a lo largo y ancho del país, bajo el lema: “más vale pedir perdón, que pedir permiso”, casi siempre con fuertes intereses económicos de por medio y corruptelas, y complicidades de todo tipo.
De esta manera, podemos advertir que son descalificar esto cambios legales y el esfuerzo que se hace para dotar de un mejor marco de actuación de la Profepa, está ha sido rebasada como institución por la crisis ambiental en que se encuentra el país, pero peor aún el futuro ambiental no es prometedor.
Por ello, insisto en generar una nueva institución en la materia de la procuración ambiental. La Profepa no debe ser un mero organismo burocrático más, debe de tener un mandato preciso para atender aquellos conflictos surgidos por diversos impactos ambientales adversos que recaen en forma desproporcionada sobre determinados grupos humanos, normalmente los más pobres en el medio urbano y rural.
La Profepa debe ser un aliado para reducir la vulnerabilidad de aquellos que enfrentan a las inequidades derivadas, por ejemplo de la ubicación de las instalaciones industriales contaminantes, de la actividad energética y de la minería, del desplazamiento por grandes obras de infraestructura, entre otros que representan conflictos socioambientales a los cuales haya que darle urgentemente una solución. A pesar de que se propone con este dictamen dar mayor certeza jurídica en el proceso administrativo de inspección ambiental no hay avances para resolver y atender de manera integral inmediata estos conflictos.
Si queremos justicia ambiental y social inclinémonos sin pretextos nuestro trabajo hacia esas reformas y acciones para conformar una política integral de Estado de reparación de daños que reclama México.
Es cuanto, presidente.
Y un abrazo solidario, fraternal a mis hermanos mexicanos en desgracia, muchas gracias.
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