El abuso de la prisión preventiva condujo a violaciones de derechos humanos y al colapso del sistema penitenciario: Angélica de la Peña Gómez


Angélica de la Peña Gómez

La senadora Angélica de la Peña señaló que la readaptación o rehabilitación social fue el enfoque pernicioso de un sistema inquisitorio que trasgredió los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y sus secuelas aún pueden observarse en los centros penitenciarios del país: sobrepoblación, auto gobiernos o cogobiernos de la delincuencia, corrupción, violencia, narcomenudeo, discriminación, tortura.

Durante el Foro “Nuevo Sistema de Justicia, Ejecución Penal  y Reinserción Social”, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que la reforma constitucional de junio de 2011 responsabilizó al Congreso de la Unión de legislar el reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que fueron privadas de su libertad.

“El mandato del artículo 18 constitucional que debíamos cumplir era muy claro, trabajar en una sola Ley que ordenara, administrara y determinara todas las normas que garanticen la reinserción social como uno de los elementos sustantivos de este nuevo Sistema de Justicia garantista”, comentó la senadora del PRD.

Resaltó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal sería inviable sin una legislación única como la norma imperante en los centros de privación de libertad, tanto estatales, federales, de alta seguridad y aquellos que tienen que ver con adolescentes que cometen infracciones a las Leyes Penales.

Explicó que la Ley de Ejecución Penal implicó una discusión complicada, con retos como la nueva organicidad de quienes están en los centros de privación de libertad a partir de este nuevo enfoque de la Constitución de la reinserción social, “el tránsito de un sistema inquisitorio a un sistema garantista nos está costando mucho, como le está costando a todos los países del mundo que que lo han hecho”, añadió.

En este sentido, apuntó que en la discusión nacional en torno a la exigencia de muchos gobernadores de modificar la legislación para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, debe incluir la exigencia de organizaciones de la sociedad civil, así como de expertos en la materia, de suprimir de la Constiticion las figuras del arraigo y la prisión preventiva.

“Debemos abandonar de una vez por todas conceptos como reos, readaptación social, rehabilitación social; el principio rector y objetivo de la privación de la libertad es la reinserción social, así lo mandata la Constitución y es lo que deben comprender y aplicar las autoridades. No reconocer, proteger  y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad convirtió a los centros penitenciarios en las llamadas “universidades del crimen”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.

-o-o-o-