La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, para prohibir el indulto por delitos de enriquecimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La gracia del indulto, es una figura tan antigua como el propio delito, tanto en los regímenes monárquicos como republicanos. Existe referencia al perdón, desde el Código de Hammurabi”, indicó en tribuna.
“En México, se integra esta gracia presidencial a nuestra constitución el 08 de octubre de 1974, en el artículo 89, mismo que permaneció intocado hasta el 29 de enero de 2016, eliminando el derecho al indulto a los sentenciados por delitos del orden común”, resaltó la legisladora.
Asimismo, la senadora Iris Mendoza, expuso en la máxima tribuna de este país, que, en México se está ante dos figuras distintas: la declaración de inocencia o anulación de la sentencia por parte de los tribunales, para lo cual hay un procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Explicó que para el Presidente de la República, el indulto no existe en materia federal como un procedimiento específico, “solamente se señala que se usa por delito de carácter político y cuando el sentenciado ha prestado importantes servicios a la Nación y es previamente solicitado. Por lo que ambas figuras proceden hasta después de dictada la sentencia”.
“El indulto no se trata de un procedimiento, pues no existe una Ley Federal, reglamento o lineamientos que dirijan el actuar del Presidente de la República, únicamente lo hace en uso de facultades discrecionales y expresando sus razones y fundamentos”, precisó.
La corrupción es sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que padece nuestro país, aunado a la inseguridad pública, la violencia, el narcotráfico y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, señaló la senadora Mendoza.
“El enriquecimiento ilícito y las operaciones con recursos de procedencia ilegal por parte de funcionarios y exfuncionarios es un delito que ofende a la sociedad de manera particular, al encontrarnos en un país con 55.3 millones de pobres y hecho por un servidor público, cuya función en todo momento debería ser, el favorecer a la sociedad y a los ciudadanos, pues cuando se daña al erario, se convierte en un acto de traición ciudadana”, apuntó.
La legisladora michoacana recalcó, que, debe eliminarse la posibilidad del indulto en casos de enriquecimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son delitos que ofenden a la sociedad de manera directa.
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