El Grupo Parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo para solicitar la creación la Comisión Especial para la investigación de los casos de corrupción a los que el reportaje “La Estafa Maestra” refirió, así como de las ramificaciones que pudieron tener durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017.
“En términos del artículo 93 constitucional, y del artículo 119, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República para lo cual podrá solicitar la comparecencia de las personas que durante este período han ejercido algún cargo público”, detallaron.
En el documento también solicitan la comparecencia del Auditor Superior de la Federación, a fin de que explique el seguimiento que se ha realizado a los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias, entidades y órganos involucrados en los hechos descritos en el reportaje “La Estafa Maestra”, y explique si las conductas se han mantenido.
Asimismo, pidieron la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública, para que explique detalladamente los resultados de las funciones legales con que cuentan los órganos internos de control sobre los hechos de corrupción descritos en dicho reportaje, para fortalecer el combate preventivo a este tipo de conductas.
Recordaron que el día 4 de septiembre fue revelado por el portal de noticias en internet Animal Político, en colaboración con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que once dependencias federales, en colusión con ocho universidades públicas, practicaron un esquema con el que desaparecieron 3 mil 433 millones de pesos.
Lo anterior, indicaron los legisladores perredistas, ocurrió a través de la firma de contratos por un valor de 7 mil 670 millones de pesos, que le fueron entregados a 186 empresas, de las que 128 nunca debieron recibir recursos públicos.
“Si la puesta en marcha de una trama de esta naturaleza se funda en acciones privadas de servidores públicos, resulta sumamente preocupante la respuesta del régimen a abusos de poder de esta envergadura”, comentaron.
Por un lado, precisaron los actos de corrupción no son nuevos, lo que habla de la incapacidad o el desinterés de las autoridades conducentes para perseguir los crímenes que ahora se revelan, los cuales datan del ejercicio 2013 y 2014, y los indicios de los mismos no solo eran del conocimiento de quienes se encargan de la fiscalización de la Cuenta Pública, sino que la información que derivó en esta profunda investigación eran públicos.
Por otro la do, añadieron que se explica la confianza en la “inoperancia de la ley al ver los nombres de los actores involucrados. No es solo que más de cincuenta funcionarios públicos estuvieran involucrados en esta trama corrupta, sino que varios de estos ocupaban, al momento de cometer estos crímenes, en varios de los cargos más importantes de la Administración Pública Federal, de los cuales varios continúan en sus cargos y otros obtuvieron nuevos cargos”, aseguraron.
Los legisladores perredistas mencionaron que la investigación periodística reveló algunas de las dependencias federales que tuvieron convenios ilegales como SEDESOL; PEMEX; FOVISSSTE; INEA; RAN; SEP; BANOBRAS; SE; SAGARPA; SENASICA y la SCT.
Además, señalaron de que cuentan con el cobijo de las autoridades cuya tarea es perseguir la corrupción, “lo que se observa es que todas las Secretarías de Estado involucradas siguieron un modo de operación igual, en el que se triangularon recursos a través de universidades públicas determinadas, es decir, las fallas en identificar y castigar estas conductas ilegales deben ser investigadas en su totalidad, pues podría ser que hay colusión y obstrucción de la justicia por parte de otros servidores públicos”.
Insistieron en que el trabajo de supervisión que el Presidente Enrique Peña Nieto no hace respecto a sus subordinados y el nivel de corrupción que exhiben estas dependencias públicas y los secretarios que las controlan son directamente responsabilidad de del Ejecutivo.
En este sentido, refirieron que la ASF señaló que notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las acciones correspondientes para atender y solventar dichas observaciones; además de que, en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició las acciones para que las dependencias involucradas proporcionaran información a la ASF.
En ese tenor, también pidieron al Procurador General de la República informe sobre el estado que guardan las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por los hechos expuestos.
Finalmente, insistieron que lo anterior debe ser entendido por el Poder Ejecutivo, ya que es una institución que se nutre del resto de los actores del régimen, pues el conjunto de todos los involucrados en el proceso democrático provoca que “ninguna administración trascienda y la pone en riesgo; y esto es justo lo que el Presidente Enrique Peña Nieto está ocasionando”.
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