Versión estenográfica del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el homenaje a Juan Rulfo Centenario de su nacimiento para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Luis Sánchez Jiménez (LSJ): Compañeras y compañeros, senadoras y senadores. Las normas que hemos establecido hasta este momento para tratar de lograr un uso eficiente de los recursos públicos parecieran insuficientes.
Los casos de corrupción de desvió de recursos son noticia de todos los días esa es la intención de esta iniciativa abonar a que esto no continúe.
Un gobierno que sirve a la gente es uno que se guía bajo los preceptos de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. El cumplimiento de estos criterios tiene como finalidad la provisión de servicios públicos de calidad para la ciudadanía, cuyos miembros, a través del Poder Soberano del que son depositarios, constante y correctamente exige que la administración pública se transforme para que le rinda la mayor utilidad posible.
Quienes conformamos el Congreso de la Unión fungimos meramente como agentes, a la orden de la totalidad de las y los mexicanos. Para la vigilancia de las acciones que nosotros como agentes, realizamos, se han establecido diversos mecanismos de control, que limitan y reglamentan la acción gubernamental, pero es obvio que son insuficientes.
Por tanto, esta iniciativa tiene como objeto específico los programas y proyectos que emplean recursos públicos federales y que son transferidos a los estados y municipios de la nación.
Al respecto, actualmente existe el Sistema de Evaluación de Desempeño, SED por sus iniciales. Su fundamento reside en el artículo 134 constitucional, y su finalidad es verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos planteados por organismos públicos de los tres órdenes de gobierno.
La tarea anterior implica la creación y el análisis de indicadores estratégicos y de gestión. A partir de estos, se busca conocer el impacto social de los programas y proyectos que son objetos de estas medidas, con el fin de conocer la utilidad de implementar distintos mecanismos de acción colectiva que involucran al gobierno y el empleo de recursos federales.
La supervisión de los programas implica un gran esfuerzo por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Respecto a la revisión del ejercicio 2016, este organismo realizó 502 auditorías, a partir de las que cuales emitió 2,426 acciones de distinta índole. De estas, 1,116 fueron recomendaciones; 583 pliegos de observaciones; 555 promociones de responsabilidad administrativas sancionadoras; 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
Muchas de estas acciones versaron respecto a programas y proyectos vinculados al gasto federal, y su naturaleza permitió observar patrones de fallas que se repitieron a lo largo de todo el espectro de acciones gubernamentales, podría decirse que se descubrió un modus operandi.
Específicamente, la Auditoría Superior identificó cuatro áreas de la gestión gubernamental que presentan deficiencias sistemáticas en el ejercicio del gasto público, y que ponen en riesgo las operaciones realizadas por distintas entidades del gobierno a lo largo de sus tres niveles, estas deficiencias son:
Cumplimiento de los objetivos del Sistema de Evaluación de Desempeño, SED; la medición del impacto social de los programas; calidad de las Matrices de Indicadores de resultados, MIR por sus siglas; y la utilización de los resultados para la asignación de presupuestos. Es decir, las fallas identificadas por la Auditoría Superior se hacen presentes principalmente a nivel estatal y municipal, claro aun cuando las fallas en el Gobierno Federal de considerable impacto también. Desde el inicio hasta el fin de las evaluaciones de los programas y proyectos, por lo cual es necesario especificar en la Ley los requerimientos sobre los cuales se analizará el desempeño de estos dos órdenes de gobierno.
Los señalamientos anteriores hacen énfasis específicamente en el fortalecimiento de la implementación y operación del SED en las entidades federativas, ya que en los estados y municipios se han desarrollado los equipos y mecanismos necesarios para su realización. Las recomendaciones específicas de la Auditoría Superior son las siguientes:
Contar con una normativa clara y precisa que oriente la acciones de los operadores de los programas presupuestarios; perfeccionar el diseño del sistema para que la gestión pública se oriente a resultados; determinar los parámetros para contar con evaluaciones del impacto social de los programas; mejorar la calidad de los indicadores para que la integración de información permita identificar, de manera clara, la eficacia, eficiencia, economía, la calidad y el impacto social en la Administración Pública Federal de los programas presupuestarios evaluados en los informes trimestrales, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Además, tomar en consideración los resultados de las instancias evaluadoras, a fin de armonizar la evaluación del desempeño en el Gobierno Federal y por último, asignar el presupuesto con base en el resultado del desempeño de los programas presupuestarios.
Por esto, en esta iniciativa proponemos adicionar un segundo y tercer párrafo a la fracción I del artículo 85, y reformar el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De esta forma, el SED sería obligatorio, no sólo para los ejecutores de gasto, sino también para las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México. Con esta reforma se busca fortalecer los dos pilares que sustentan el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Desempeño esto es el seguimiento y la evaluación de los bienes y servicios que se entregan para beneficio de la población.
Es necesario realizar estos cambios para tener mejor información respecto a la realización de proyectos y programas que se fundan total o parcialmente con dinero federal, siendo un paso indispensable para el mejoramiento de sus diseños bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Siendo los recursos federales de naturaleza pública, es responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno acometer estas acciones, pues la calidad de la provisión de los servicios públicos que reciben los mexicanos depende de ello.
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