En lo que va del joven siglo, México lleva 110 periodistas asesinados, cuando menos. Veracruz es el estado de la República más peligroso en este particular sentido. Tan solo en el último decenio, 21 periodistas han muerto en dicha entidad. Frecuentemente se dice que han sido muertes causadas por las manos de una nebulosa llamada crimen organizado para abreviar, pero seguimos ignorando mucho de la dinámica de esta problemática, en gran parte porque las instancias del Estado no la han tomado con la seriedad que deberían.
El día de ayer, un grupo armado mató a balazos a Cándido Ríos, periodista de El Diario de Acayucan. El hecho incrementa su gravedad si se considera que el reportero estaba incorporado a los esquemas de seguridad del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Es la demostración palmaria de la debilidad de un estado que no puede proteger ni siquiera a quienes se ha planteado hacerlo. Es también la demostración de que los mecanismos institucionales no pueden funcionar con fórmulas genéricas, sino que deben siempre funcionar en el contexto en que viven los periodistas, y alrededor de las amenazas específicas de que hayan sido objeto.
Probablemente, y como ya ha sucedido en este sexenio, e incluso con varios de los 10 periodistas asesinados en 2017, pronto leeremos versiones interesadas que sostengan que Cándido Ríos fue asesinado por motivos personales, pues es el modo infame que utiliza el poder para renunciar a sus responsabilidades. Pero ello no debe detener la demanda de investigación imparcial y justicia. Según reporta la prensa, las amenazas que recibió por parte de un edil, de nombre Gaspar Gómez, hicieron que Ríos dejara el periodismo por un tiempo, entre otras cosas, por miedo a la repetición de represalias físicas y a la muerte. Pero la vocación fue más fuerte y siguió escribiendo.
No porque sea más frecuente cada vez, podemos ignorar que se trata de vidas humanas segadas, pero también de la proscripción de hecho de la fundamental libertad de expresión e información, es decir, de un daño social inconmensurable para las comunidades de donde se han arrancado las vidas de los comunicadores.
La violencia contra los periodistas —que es una forma de violencia social particularmente perniciosa—, siendo un problema general, debe atacarse, con seriedad, en cada caso específico. De lo contrario, corremos el riesgo de profundizar la espiral de silencio, censura, represión y muerte. Y hacerlo ante la simulación e indiferencia de las autoridades responsables.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
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