Mientras la justicia de 10 países de América Latina y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos elevan investigaciones serias y contundentes contra los funcionarios públicos de sus países que recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para beneficiarlos con millonarios contratos de licitaciones pública; en México, la Procuraduría General de la República se queja de que su símil brasileño “no le ha compartido la información y las pruebas” que tienen en aquel país.
Mientras las Fiscalías, por cierto, autónomas de esos países integran las acusaciones a partir de investigaciones internas y tras una rápida recolección de datos e informaciones financieras; en México la PGR sigue esperando a que la Fiscalía de Brasil le mande información para ver si inicia una investigación contra los servidores públicos de PEMEX principalmente, que se pudieron ver beneficiados con estos sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña.
Mientras Guatemala, Panamá, Ecuador y el propio Brasil han integrado y acusado a ex presidentes por haber tenido conocimiento o haberse beneficiado de esa intrincada red de corrupción y sobornos; en México se cita a declarar al primer personaje mexicano señalado directamente desde Brasil, Emilio Lozoya Austín en calidad de imputado en una etapa de integración de la carpeta de investigación criminal en donde, según lo dijo el propio Lozoya a los medios de comunicación, “no existe ninguna prueba en su contra”, es decir, la PGR cita al principal personaje de esta red de corrupción en México sin tener ni una sola prueba en su contra.
Mientras Lozoya puede acceder a la inexistente carpeta de investigación en su contra y mientras puede una vez apersonado aportar sus argumentos y defensas para evitar ser sancionado penalmente; el Procurador General de la República está haciendo malabares para evitar a toda costa que esos sobornos salpiquen la figura presidencial, la campaña electoral del 2012 y la cada vez más desdibujada imagen de Peña Nieto, malabares legales y jurídicos que están haciendo en otros países, pero para hacer justo lo completamente opuesto, castigar a quien sea responsable, incluso a presidentes o expresidentes, porque la justicia no tiene que detenerse ante las figuras del poder político sino todo lo contrario tiene que enfrentarlos, procesarlos y juzgarlos.
Mientras el Sistema Nacional Anticorrupción cuya génesis fue noble y valiosa se mantenga secuestrado por los acuerdos políticos entre el PRI y el PAN, mientras no se logre nombrar a un Fiscal General y a un Fiscal Anticorrupción alejados del poder político, mientras el “fiscal carnal” de la PGR siga privilegiando sus amistades políticas y la protección a toda costa de la presidencia de la República, no habrá proceso, acusación o juicio que se instaure en México que pueda realmente concluir con una sanción efectiva a Lozoya Austín y a todos aquellos que se beneficiaron de los sobornos, que otorgaron licitaciones de manera ilegal y que se llenaron no las bolsas sino los costales con millones de dólares.
Mientras todo eso pasa, Emilio Lozoya el día de hoy puede dormir muy tranquilo, porque sabe que en el país de la impunidad, en el país donde el Presidente de la República asegura la protección política y judicial a sus amigos, familiares y gestores, nadie va a osar siquiera tocarlo con el pétalo de una “orden de aprehensión”.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
