El escándalo del espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y figuras políticas opositoras no es algo menor. La normalización de la pesadilla orwelliana es lo peor que nos puede suceder como nación después de que hemos normalizado la violencia y la ejecución sumaria de ciudadanos, bajo el pretexto de la guerra contra el crimen organizado.
Aquí nos encontramos con un fenómeno más grave que el Watergate que obligó a renunciar al presidente norteamericano Richard Nixon. Es más grave porque el mismo artículo 177 del Código Penal Federal caracteriza como “delito grave” el hecho de “intervenir comunicaciones privadas sin orden judicial”.
El espionaje contra ciudadanos, sin orden judicial de por medio, viola abiertamente el artículo 16 de la Constitución. En él se señala lo siguiente:
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas”.
Además, el mismo artículo de nuestra Carta Magna señala que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
En el caso del espionaje utilizando el sistema Pegasus, fabricado por la empresa NSO Group, está claro que no existió ninguna orden judicial previa y que se trató de una abierta violación a las comunicaciones privadas.
Peor aún, la información acreditada por la misma Procuraduría General de la República y por el CISEN subrayan que sólo las entidades públicas pueden adquirir este sistema Pegasus. En otras palabras, la violación al artículo 16 constitucional y la comisión de un delito grave fue cometida por el propio gobierno federal y por órdenes del jefe de la PGR y del titular de la Secretaría de Gobernación, es decir, por el propio presidente de la República.
En otras palabras, estamos hablando de un supuesto que obligaría al Senado de la República en erigirse en Gran Jurado para imponer las sanciones indicadas en el artículo 110 constitucional el juicio político a responsables de delitos graves.
Esta es la verdadera dimensión del escándalo del espionaje y de la responsabilidad del Senado. No se trata de un asunto anecdótico. Estamos hablando de un delito grave, cometido por los principales responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos.
El 20 de julio pasado comparecieron ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la PGR, de la Comisión Nacional de Seguridad y del CISEN. Se condenó esta actividad y se hizo un exhorto. Ahora, se desahogaron 23 posiciones para punto de acuerdo en relación con este tema.
Sin embargo, esto no se trata sólo de un exhorto o de puntos de acuerdo. Se trata de asumir nuestra función como auténtico contrapeso y Poder Legislativo para sancionar un asunto tan bochornoso como delictivo. Si las instituciones del Estado se dedican a espiar a periodistas y a ciudadanos que están dedicados a combatir el crimen organizado y las violaciones a derechos humanos, entonces estamos hablando no sólo de un Estado fallido sino de un Estado criminal.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
o-o-o
