Las detenciones arbitrarias, la tortura y la deficiente preparación de las policías, ministerios públicos y fiscales, son los principales motivos por los que se presenta el mal llamado “efecto de la puerta giratoria, de acuerdo a las estadísticas y análisis”, a un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal adversarial, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Apuntó que la negativa de jueces para vincular a proceso a quienes han sido imputados de la comisión de diversos delitos, no se debe a un “hipergarantismo” o a fallas del sistema de justicia penal, sino a errores que son atribuibles a sus operadores.
“La reciente Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, elaborada por el INEGI, revela que 40 por ciento de las personas que hoy se encuentran en alguna cárcel fueron detenidas sin orden de aprehensión o en circunstancias que no se adecuan a la flagrancia”, añadió la senadora del PRD.
El estudio del INEGI también arrojó que 60 por ciento de esas personas detenidas y encarceladas fueron agredidas física o sicológicamente por policías al momento de ser aprehendidas; además, 30 por ciento de las personas internadas en penales federales y estatales no tienen sentencia y conviven con quienes ya se encuentran sentenciados, contrario a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México” de Amnistía Internacional, ha denunciado que las policías suelen hacer detenciones de personas sólo por parecer “sospechosos”. Las personas que comúnmente sufren estas falsas sospechas suelen ser hombres jóvenes que pertenecen (o son percibidos como pertenecientes) a grupos que históricamente han sufrido discriminación, como indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza.
En cuanto a la capacitación, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., señala que de los asuntos presentados ante los tribunales de justicia de las entidades federativas, prácticamente la mitad son con personas detenidas, es decir, casos en flagrancia. Esto evidencia la ausencia de capacidades de investigación de las procuradurías y fiscalías para judicializar asuntos en los que no hay una persona detenida en flagrancia. Este fenómeno se puede observar en los asuntos penales tanto del ámbito local, como del federal.
De la Peña Gómez apuntó que si bien toda legislación es perfectible y deben atenderse todas las propuestas de cambios legislativos al sistema de justicia penal, “un año de funcionamiento es muy poco tiempo para evaluar su eficiencia, en otros países han esperado 5 o incluso 10 años; no podemos olvidar que se otorgó un plazo de ocho años para capacitar a los operadores del sistema”, acotó.
Por lo anterior, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que antes de hablar de modificaciones al Sistema de Justicia Penal se deben evaluar sus resultados y, sobre todo, la actuación de policías, ministerios públicos, peritos y jueces, a fin de determinar si la falla se encuentra en la legislación o en la operación del sistema.
“Para ello realizaremos el foro “Reformar para Mejorar el Sistema de Justicia Penal en México”, un espacio de reflexión, crítico, propositivo e incluyente para discutir la necesidad de revisar y, en todo caso, reformar para mejorar el Sistema de Justicia Penal en nuestro país. En este foro se dará voz a operadores, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia”, destacó.
El evento se realizará el próximo jueves, 3 de agosto, a partir de las 10:00 hrs., en el Salón de la Comisión Permanente, en las instalaciones del Senado de la República.
En él se analizarán las propuestas presentadas en el Congreso de la Unión, los planteamientos de actores como la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y, particularmente, se buscará dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Es necesario incluir otros delitos de prisión preventiva oficiosa? ¿Cuáles son las alternativas posibles? ¿Se debe desaparecer o fortalecer la investigación policial? ¿Es posible sacrificar el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse en aras de la seguridad pública? ¿Cómo están funcionando las unidades de supervisión de medidas cautelares? ¿Qué se está haciendo para garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad? ¿Deben eliminarse los beneficios que obtienen las personas vinculadas a un proceso judicial? ¿Deben concretarse reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada o debemos avanzar hacia una Ley General?
o-o-o
