El senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD presentó solicitó al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y a la Conferencia Nacional de Procuradores para que informen sobre las acciones realizadas para llevar a cabo el seguimiento, evaluación, operación y la generación de políticas púbicas nacionales para el perfeccionamiento del Sistema Penal Acusatorio.
Mediante un punto de acuerdo también pidió al Consejo de la Judicatura Federal, al Instituto de la Defensoría Pública Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos de las entidades federativas, para que informen al Senado sobre el estado que guarda el proceso de elaboración, ejecución de los planes y programas para cumplir los objetivos de la implementación de dicho sistema.Así como, del cumplimiento a su obligación de remitir de manera semestral, la información indispensable a las Cámaras del Congreso de la Unión, con el fin de llevar a cabo la evaluación del funcionamiento y operatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Sistema Penal Acusatorio, conforme al artículo décimo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.
Mayans Canabal recordó que el 18 de junio de 2008 se público en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal, cuya finalidad era establecer nuevos elementos que contribuyeran a mejorar el funcionamiento de dicho sistema, para así otorgar mejores mecanismos para el combate a la delincuencia organizada.
En ese contexto, comentó que se estimó conveniente establecer un periodo amplio de transición, que permitiera que cada entidad federativa generara un programa de reforma de acuerdo a sus necesidades y características propias, es decir “asegurar un tránsito ordenado y responsable que asegure la viabilidad del cambio y el establecimiento de las condiciones materiales y humanas para que operara adecuadamente”.
Por ello, comentó Mayans Canabal que durante dicho periodo de transición que tiene una duración de 8 años, se considero necesario que el sistema vigente y el sistema reformado coexistieran en el país, hasta que el nuevo sistema entrara en funcionamiento en toda la república.
Sin embargo, precisó que se detectaron deficiencias dentro de dicho sistema de procuración e impartición de justicia penal, el cual tiene serios problemas operativos, de diseño que no cumple con sus funciones; existe una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado mexicano en su conjunto, en particular aquella generada por la delincuencia organizada y a que carece de un indispensable coordinación entre los poderes y órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para enfrentar el problema de la seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal.
Por ello, el legislador perredista comentó que los altos niveles de criminalidad, la impunidad y la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, deben obligar “a impulsar desde el Congreso un proceso serio y responsable de evaluación entorno a su implementación, ejecución, avances y resultados”.
Mencionó que organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y estatales, académicos, y en general actores del propio sistema, “han advertido sobre los pendientes, debilidades y pocos o nulos resultados de este nuevo sistema, lo que ha impactado en su adecuado funcionamiento”.
El legislador perredista explicó en diversos espacios y foros públicos diversas voces han manifestado que se deben de implementar acciones para lograr que dicho sistema funcione a plenitud, entre las que destacan: fortalecer las medidas cautelares; especializar al personal; promover la mediación y solución alterna de conflictos y colocar brazaletes electrónicos.
“La supervisión y evaluación técnica de la operación del Sistema Penal Acusatorio, son la parte esencial para que se cumplan estas acciones y en particular de los artículos Séptimo y Décimo Tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales prevén la obligación del proceso de elaboración de planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación del sistema y la revisión legislativa del mismo”, concluyó.
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