La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República informaron que este lunes 17 de julio concluyó el proceso de extradición internacional del ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa con el objetivo de que “enfrente los diversos procesos penales que se encuentran instaurados en su contra por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio público”, según el comunicado oficial.
Hasta ahora, desconocemos cuáles son los delitos que se le imputan. La PGR presumió que “con acciones como éstas, el gobierno de México hace patente su compromiso de obtener resultados concretos para abatir los espacios de impunidad en beneficio de nuestra sociedad”.
La detención y extradición de Javier Duarte no abate la corrupción. Tan sólo son un primer paso obligado para hacerle justicia a los veracruzanos, después de que a las propias autoridades federales y estatales se les fugó el político priista, y que varios de sus cómplices tienen fuero como diputados federales o no han sido detenidos. Ahí está el caso de su ex esposa Karime Macías, quien huyó a Europa a ojos de todas autoridades, a pesar de ser señalada como cómplice y presunta prestanombres en el desvío de fondos de Javier Duarte.
Basta recordar que, hasta ahora, Duarte tiene 53 denuncias en la PGR por el ejercicio de la Cuenta Pública en 2013; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado 35 mil millones de pesos en presuntas irregularidades; endeudó de manera irregular a su entidad dejando 100 mil millones de pesos.
Además de estos delitos financieros y de peculado, Duarte dejó ensangrentada y violentada a su entidad. Más de 1,600 desaparecidos, 17 periodistas asesinados, 40 asesinatos promedio mensual y una ola de feminicidios. Esta es la verdadera deuda social y criminal por la que Duarte tendrá también que responder.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
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