El presunto espionaje telefónico a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su estancia en México, en misión asignada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para al caso Ayotzinapa, pone en entredicho el compromiso del Estado mexicano con los organismos internacionales de los que es parte, acuso la senadora Angélica de la Peña.
La senadora del PRD apuntó que el gobierno federal está obligado a aclarar esta grave acusación que se ha hecho en el marco de las audiencias públicas del 163 periodo de sesiones de la CIDH, “la situación es extremadamente delicada, porque ahora ningún integrante o representante de organismos internacionales defensores de derechos humanos que hayan estado o estén en México, tiene certeza sobre la privacidad de sus comunicaciones”, advirtió.
Señaló que no es la primera vez que el Estado mexicano pierde la confianza internacional por probables actos de espionaje, quizá el más bochornoso fue el protagonizado por Vicente Fox y Fidel Castro, pero la trascendencia de la denuncia hecha por integrantes del GIEI es de tal magnitud, que no pone en duda los lazos de colaboración y el compromiso del Estado mexicano con la OEA, sino que hecha por la borda el discurso de transparencia y confianza que el gobierno mexicano pretendió enarbolar en la reciente Cumbre de Cancún.
Y como si hiciera falta, la representación del Estado mexicano en las audiencias públicas de la CIDH enfatizó que la investigación sobre el presunto espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos contará con la asistencia de expertos, pero no internacionales.
De la Peña Gómez lamentó que el gobierno mexicano se niegue a solicitar un acuerdo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se integre y acuda a México una comisión de expertos que colabore en la investigación del uso del programa de espionaje “Pegasus”, “ante la falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia en nuestro país, en el Senado todos los grupos parlamentarios, excepto el PRI, propusimos que se solicitará esta colaboración para garantizar certeza en los resultados de las indagatorias, pero el Ejecutivo federal lo soslayó”, añadió.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña dijo que el gobierno mexicano tiene la obligación y la responsabilidad de demostrar que no maneja un doble discurso, por lo que llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aclarar cuanto antes la denuncia hecha por integrantes del GIEI y a reconsiderar la integración de una comisión de expertos internacionales que coadyuve en la investigación sobre el programa “Pegasus”.
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