Deben comparecer titulares de la PGR, Segob, Cisen y la Sedena ante Comisión Permanente para que expliquen sobre adquisición, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus: Dolores Padierna Luna


¿Acaso las defensoras y los defensores de derechos humanos, los activistas, los periodistas, críticos representan una amenaza para la seguridad nacional?

¿Acaso las defensoras y los defensores de derechos humanos, los activistas, los periodistas, críticos representan una amenaza para la seguridad nacional?

Versión estenográfica de la intervención en tribuna de la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna para referirse al punto de acuerdo relativo a los actos de espionaje cometidos en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Sen. Dolores Padierna Luna: Con su venia presidente.

La publicación reciente del reportaje The New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar a abogados, activistas y periodistas críticos en México, refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema.

Un gobierno democrático puede realizar espionajes de esta naturaleza siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales que funden y motiven la extrema necesidad de intervenir las comunicaciones privadas, siempre y cuando se sustente que una investigación, se sustente en una investigación que amerite usar este tipo de métodos para hacerse llegar información, es decir, el espionaje se usa con controles judiciales y hacia personas sospechosas de haber cometido algún crimen.

¿Acaso las defensoras y los defensores de derechos humanos, los activistas, los periodistas, críticos representan una amenaza para la seguridad nacional?

Según la investigación de Citizen Lab, y según la propia información expuesta por la empresa NSO Group la mayoría de sus clientes son gobiernos, entre los que se encuentra el propio Gobierno Mexicano, quien a través de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, como la PGR y el Cisen, han sido clientes de esta empresa desde el 2013.

En un reportaje publicado por el periódico The New York Times en el mes de septiembre de 2016, se refirió que según los documentos internos de la empresa detallan contratos millonarios en Europa y contratos multimillonarios en México, el gobierno pagó al Grupo NSO más de $ 15 millones de dólares para tres proyectos, según lo registró la propia empresa en su correo electrónico de fecha 2013 al cual tuvo acceso el medio estadounidense.

La investigación realizada por organizaciones como Artículo 19,  Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y el Citizen Lab es muy contundente: se ha tratado de infectar las comunicaciones privadas a través de un malware dirigido contra abogados del Centro Miguel Agustín Pro, de la periodista Carmen Aristegui y su hijo, contra colaboradores de Aristegui que participaron en la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, contra Carlos Loret de Mola, conductor de Televisa, por su investigación en el caso Tanhuato.

También, se invadió la privacidad de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, colaboradores de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, así como de los activistas y académicos Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles.

Zamir Dahbash, portavoz del grupo empresarial, declaró al propio periódico neoyorquino que la venta de este tipo de tecnología quedó restringida sólo a gobiernos autorizados y exclusivamente para investigar a grupos terroristas o a grupos criminales, por lo que nos surgen muchísimas dudas respecto a la forma en que ese software “Pegasus” está siendo operado en México.

Atendamos dos escenarios y veamos la gravedad de cada uno de ellos: en el primer escenario el gobierno federal adquiere ese servicio de millones en dólares con nuestros impuestos y recursos, estos recursos los dedica para espiar a periodistas, activistas y defensores, ello resulta sumamente grave, pero igual de grave resulta el segundo escenario, ya que si creemos las declaraciones del Presidente o del Secretario de Gobernación sobre que el gobierno federal no espía estaríamos ante un escenario totalmente de vulneración de la seguridad nacional del país en donde un equipo y software comprado por el gobierno con recursos públicos es usado por otras personas o grupos para espiar a defensores, activistas y periodistas.

Es decir, en cualquiera de los 2 escenarios el Gobierno Federal es el responsable directo de este esquema de espionaje, pues ya sea por acción o por omisión, sólo ellos, han adquirido este sistema con NSO Group, quien ya ha señalado que los ha vendido a gobiernos federal.

Tenemos, por las prisas, que decir que estamos ante una crisis de Estado, pues esta investigación ha colocado en jaque a las propias instituciones nacionales encargadas de la prevención y de la investigación de actos criminales, pues ha evidenciado que ante una red de espionaje de este tamaño y poder, ninguna instancia nacional es capaz de resolver o atender seriamente las denuncias presentadas por quienes han visto vulnerados sus derechos.

Esperemos que esto sirva de ejemplo a aquellos que quieren discutir o aprobar una Ley de Seguridad Interior como la que hemos conocido.

Por esta y varias razones que, por el tiempo en otra intervención diré, por el momento la responsabilidad institucional no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados vía Twitter por la vocería presidencial en donde señalan que: “no hay pruebas” para acusar al gobierno federal de esta utilización perversa de un sistema informático que viola todas las normas de un Estado civilizado.

Es urgente que los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaria de Gobernación, del Centro de Investigación, de la Secretaría de la Defensa Nacional comparezcan ante esta Comisión Permanente para que expliquen a esta representación sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus adquirido a la empresa NSO Group.

De no comparecer de inmediato y aclarar todas estas operaciones, tendrían que renunciar a sus cargos para permitir que ellos mismos sean investigados por una instancia independiente.

Gracias.

-o-o-o-