La senadora Angélica de la Peña consideró inaplazable que el Gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, gire las instrucciones necesarias para crear políticas públicas integrales y lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención de casos de violencia sexual en centros escolares, así como protocolos de actuación en dichos supuestos.
Lo anterior debido a que a principios del mes de mayo un medio bajacaliforniano dio a conocer el supuesto abuso sexual de 20 menores en una escuela primaria de San José del Cabo por parte de uno de los docentes.
“Si el hecho es atroz y se vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes, resulta inaceptable que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, haya declarado que el tema era añejo y que no se trataba de violaciones, sino que el maestro “tocaba” a las niñas”, añadió de la Peña Gómez.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado señaló que el incremento de los casos de violencia sexual infantil demuestra que los derechos de protección a niños, niñas y adolescentes se ejercen de forma distinta en los estados, pues cada entidad define en su legislación el término de violencia sexual infantil y sus derivados.
Solo nueve de las 31 entidades y el Distrito Federal contemplan en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave. Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad.
Sin embargo, las penalidades no son severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual en contra de un menor de 18 años.
Las entidades que estipulan como grave este ilícito en sus códigos penales estatales, tienen como mínimo sanciones de seis meses y máxima de 10 años; en cuanto a las 23 entidades restantes en las que no se califican como delito grave al abuso sexual a menores, los agresores pueden salir bajo fianza, con montos que van desde los tres días de salario mínimo hasta los 1,200 días.
El último dato oficial (2013) refleja que el total de denuncias realizadas por este delito fue de 5 mil 736, sin embargo se estima que éste representa tan sólo el 10% del total de abusos sexuales que suceden y de éstos en solamente el 1.5% de los casos se consigna al agresor.
Del año 2000 a la fecha, en México se han acumulado al menos dos mil 28 casos de ataques sexuales contra menores de edad dentro de centros educativos, de los cuales una tercera parte nunca fue investigado por la autoridad a pesar de haber sido denunciados, mientras que en el resto de los casos la sanción contra los agresores consistió en simples llamadas de atención, suspensiones temporales o, a lo sumo, la reubicación del atacante en otro plantel.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha informado que los centros educativos en donde más agresiones sexuales se cometen en contra de niños y niñas son las secundarias (con 42.5% de las denuncias), seguido de las primarias (36% de las denuncias), los planteles de educación preescolar (10% de las agresiones) y por último el nivel medio superior (con 9% de los reportes); mientras que las entidades federativas con mayor incidencia de este tipo de delitos son Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Guanajuato.
Por lo anterior, la legisladora urgió a los gobiernos estatales a cumplir la Recomendación General No. 21 emitida por la CNDH sobre la prevención, atención y sanción de caso de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos, publicada el 20 de octubre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña insistió en su llamado -realizado mediante un punto de acuerdo el 31 de marzo de 2016- para que los Congresos estatales que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual de personas menores de edad en sus códigos penales, inicien lo antes posible el proceso legislativo correspondiente a fin de garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
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