Necesario abordar en un periodo extraordinario Ley de Seguridad Interior y Robo de Hidrocarburos: PRD


Padierna, Diputados PRD

Conferencia de prensa ofrecida por senadores y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, encabezados por la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora en el Senado, y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de Diputados, para a los temas pendientes que pueden ser abordados en un periodo extraordinario.

 

Jesús Zambrano Grijalva (JZG): Sí, muchas gracias. Muy buenos días a las amigas y amigos de los medios de comunicación que cubren aquí la fuente del Senado y la Permanente.

 

Quiero decirles que el día de hoy el Grupo Parlamentario del PRD representado en la Comisión Permanente aquí, en el Senado de la República; representado por Senadores y Senadoras, Diputados y Diputadas, va desde luego a participar en el punto de agenda política tan importante que es el relacionado con el asesinato de periodistas y todo el escenario de inseguridad en el que se está desarrollando su propia actividad profesional de información, de investigación y todo lo que concierne al trabajo periodístico profesional.

 

Nosotros desde luego que acompañaremos un pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, pero también haremos en voz de la Senadora Dolores Padierna un posicionamiento relacionado con este conjunto de hechos y que no se quede en un mero lamento, en una mera condena, sino que sepamos con toda precisión qué tipo de medidas, acciones y estrategias están tomando por parte del Gobierno de la República para hacerle frente, a estos hechos, a este fenómeno tan lamentable y tan complicado de nuestro país.

 

Es necesario -según nosotros consideramos- que desde luego también pueda comparecer a una reunión de trabajo –como le llamemos-, los responsables de la seguridad interior de nuestro país, el Secretario de Gobernación de manera particular.

 

Desde luego también en el capítulo de iniciativas vamos a presentar como PRD una iniciativa de Reforma Constitucional para regular el uso proporcional de la fuerza, que se ha hecho más necesaria esta regulación ante los últimos hechos ocurridos en Palmarito, Puebla -en la comunidad de Palmarito, en uno de los municipios de Puebla-, hechos en los cuales se generaron delitos y daños a la infraestructura  estratégica del país por parte de grupos delictivos que deben combatirse en el marco de la propia legalidad que tenemos y de otras que desde nuestro punto de vista deben crearse.

 

Hay que recordar que estos hechos de Palmarito, Puebla, han generado dos tipos de debates: uno que tiene que ver con retomar estos hechos para hacer una nueva presión para que se lleve a cabo ya una dictaminación de una incitativa de ley de seguridad interior, que hoy está radicada como cámara de origen en la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo que allá se encuentra la minuta del Senado de la República sobre el mando mixto policial, ante lo cual el PRI no ha querido darle curso a esta dictaminación en la Cámara de Diputados y sí, en cambio, han insistido en que saquemos adelante la iniciativa y la dictaminemos en sus términos sobre Ley de Seguridad Interior.

 

Hemos escuchado incluso en voz del propio secretario de la Defensa que todo este asunto de los “huachicoleros” y la “ordeña” -como se le dice coloquialmente- de los ductos de PEMEX no es un asunto que deba ser atendido por el Ejército, pero resulta que el artículo 28 Constitucional habla de que la actividad petrolera tiene carácter estratégico y que además el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional señala que la afectación a las instalaciones energéticas es una amenaza a la seguridad nacional “al ser actos tendientes -dice el mismo artículo quinto de la ley- al ser actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico e indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”, y por lo tanto le corresponde a la Federación, en especial a las fuerzas armadas y a las dependencias federales del gobierno de la República la reacción y prevención de actos que destruyan o inhabiliten la infraestructura estratégica o indispensable para proveer bienes o servicios públicos. Es el caso de las instalaciones, de los ductos de PEMEX.

 

Entonces, ¿de ahí qué es lo que se derivó, por otra parte? Pues lo que vimos lamentablemente: el uso desproporcionado de la fuerza, la ejecución extrajudicial de uno de los presuntos delincuentes que fueron detenidos en el acto mismo de robo de hidrocarburos, y por ello -desde nuestro punto de vista-, considerando estos dos grandes elementos, lo correspondiente a la importancia y el papel estratégico de las instalaciones petroleras que está contemplado en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional también como una obligación del Ejército, de las Fuerzas federales de cuidar, de preservar las mismas para que se siga dotando de todo ello al país entero, no puede derivarse, no debe aprovecharse este lamentable hecho para decir “entonces lo que se requiere es una ley de seguridad interior”, que llevaría -como lo hemos dicho- a no tener en el corto tiempo a cuerpos policiacos suficientemente calificados, eficaces, que actúen con la eficiencia que requiere la población y que, por lo tanto, no se quiera aprovechar esto para volver a la carga en algo que también las propias organizaciones de la sociedad civil y los tratados internacionales advierte sobre el riesgo de militarización de las acciones de seguridad en nuestro país, especialmente de seguridad pública.

 

Y, por otro lado -y éste es el propósito de la iniciativa que vamos a presentar el día de hoy- es que no se puede de ninguna manera aceptar que en el combate a cualquier acto delictivo se haga violando las disposiciones legales con un uso desproporcionado de la fuerza. Hemos tenido en los últimos años algunas acciones que ilustran precisamente cómo se ha caído en esta situación.

 

Los hechos de San Salvador Atenco en mayo del 2006; los de Tlatlaya -que fueron un escándalo internacional- en junio de 2014; los de Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015 por parte de la Policía Federal; en Asunción Nochixtlán, en Oaxaca, en junio de 2016, también por parte de la Policía Federal y estatales para retirar aquel bloqueo carretero; los hechos de Tepic, Nayarit, en febrero de 2017, donde participó la Secretaría de Marina, y entonces hay un conjunto de aspectos que tienen que necesariamente que ser regulados y contemplados en la ley para evitar que esto se dé y por ello nosotros lo que queremos es que se reforme la Constitución para incorporar como facultad del Congreso de la Unión el legislar sobre temas que tienen que ver con el uso proporcional de la fuerza y al mismo tiempo emitir una ley que permita justamente dejar claros los criterios en los que se puede y se debe actuar, y esto es lo que le daría en todo caso a las fuerzas armadas también otros elementos que ellos mismos han pedido -y que nosotros estamos de acuerdo con ellos- en el sentido de contar con un marco normativo legal, jurídico, para su propia actuación.

 

Entonces estos aspectos, estos elementos hoy cobran una relevancia enorme.

 

Estamos, lo hemos dicho nosotros en el Senado y en la Cámara de Diputados dispuestos a ir, desde luego, a un período extraordinario de sesiones para y tratar estos temas.

 

Pero que primero haya dictámenes, que primero haya discusión; ni siquiera se ha discutido en el seno de las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados estos temas, por qué, porque  el PRI no lo ha querido hacer, ésa es la verdad.

 

Entonces que no, nos anden a nosotros cargando el muertito  -como se dice coloquialmente- sino que asuman su propia responsabilidad. Esto es lo que yo quería exponer.

 

Pregunta (P): Precisamente con respecto a la intención que tiene el gobierno de que se apruebe esta ley de seguridad para darle supuestamente facultades al Ejército para estar haciendo labores policiacas en la calle.

 

Y también sobre el tema de esta ley contra el robo de  hidrocarburos, que bueno, ellos están insistiendo que no tienen elementos porque hay muchos huecos, muchas lagunas jurídicas, yo quisiera preguntarles ¿sí es realmente un asunto de leyes o es un asunto de falta de aplicación de las mismas, de las actuales?

 

Porque pues vemos el caso de la Secretaría de Hacienda, en donde vemos a funcionarios de todos los niveles de gobierno que tienen gasolineras o eran dueños de las mismas y que están ellos mismos, en el caso  por ejemplo de Puebla comprando la gasolina robada y la Secretaría  de Hacienda ni cuenta se da, ahí no sé si  es complicidad, omisión o qué es lo que sucede con esta situación.

 

Además la otra, no vi en las propuestas que se citará al Secretario de Hacienda también, porque bueno es un punto nodal esta red de complicidades que hay en el robo de combustibles.

 

JZG: Sobre el primero, nosotros hemos planteado la necesidad ciertamente de que haya una reglamentación con penalidades más duras y más fuertes sin duda alguna, pero de manera muy especial se requiere una labor de inteligencia, en el sentido integral del término, por parte del Estado mexicano, inteligencia financiera justamente para ver todo lo relacionado con el consumo de combustible, lo que se vende en las propias gasolineras, etcétera.

 

Incluso hasta en los ingenios azucareros y en todos estas instalaciones que usan combustible en grandes proporciones, en donde curiosamente, efectivamente ha bajado el consumo de gasolinas expedidas legalmente porque seguramente las están obteniendo de otro lado.

 

Y hemos planteado nosotros la necesidad, también de que por lo mismo explique la Secretaría de Gobernación encargada de la seguridad interior;  el CISEN por las labores de inteligencia que debe hacer; la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, el secretario de la Defensa y la PGR, qué es lo que en conjunto están haciendo para enfrentar este problema.

 

Y entonces, cierto nosotros insisto estamos claros y por eso lo decía que haya una presión nueva a partir de estos últimos hechos por parte de sectores amplios del gobierno y del propio PRI para decir: es que lo que se requiere es una Ley de Seguridad Interior.

 

Nosotros decimos: entremos a sacar lo que está pendiente y si todavía se necesita  para sacar lo que está pendiente  se requiere hacer adecuaciones legales a la Ley de Defensa Nacional, a los otros aspectos legales, entremos a verlo.

 

Pero, si ni siquiera insisto se discute, si ni siquiera se quiere entrar abordar estos temas es muy difícil entonces hacerlo.

 

Yo le dejaría a la senadora Padierna la parte segunda de la pregunta.

 

Dolores Padierna Luna (DPL): Gracias por la pregunta.

 

Es de fundamental importancia y se recordará que el Senado de la República, el senador Fayad, hoy gobernador de Hidalgo, presentó una Ley para tipificar el delito de robo de hidrocarburos en el Código Penal y una ley especifica al respecto; se aprobó por amplia mayoría, pasó como minuta a la Cámara de Diputados.

 

Esperábamos la dictaminarían en Cámara de Diputados, para nuestra sorpresa nos regresó o nos llegó una minuta pero era otra ley, muy diferente.

 

¿Quién domina las Cámaras del Congreso de la Unión? El PRI, ¿quién propuso una iniciativa y la otra? el PRI. No han querido legislar sobre el robo de hidrocarburos, han sido maniobras, estratagemas o actuaciones dilatorias para no tener ley contra el robo de hidrocarburos.

 

Se nos dice que la minuta del Senado sólo castigaba el robo de hidrocarburos y no a quien  compra los hidrocarburos robados, bueno entonces eso hubiera podido venir como minuta de la misma para no tener ahora dos leyes no dictaminadas en ambas cámaras, pero ¿quién hizo este relajo con unas y otras?, quien domina las Cámaras.

 

Yo que le diría, que con ley y sin ley la PGR tiene todas las facultades, todas las herramientas, todos los recursos para sancionar, para evitar este robo de hidrocarburos.

 

¿Que la PGR es la única autoridad? No, Pemex sabe muy bien en qué horario, por donde pasan los ductos; la Secretaría de Energía conoce perfectamente todo el funcionamiento.

 

Y por eso decíamos nosotros en la sesión pasada que al menos cuatro o cinco autoridades deben de venir para comparecer a la Comisión Permanente para que rindan cuentas de sus omisiones cada uno en sus respectivas competencias; porque hoy día con esas competencias les da para sancionar y castigar severamente y para erradicar este gravísimo problema que causa una pérdida de 25 mil millones de pesos al año, con Ley o sin Ley.

 

P: Preguntarle sobre estas declaraciones que hizo la Embajadora Jacobson sobre que pide a México y a Estados Unidos seguir, pues con la lucha contra el narcotráfico porque está cobrando, nuevamente, varias vidas en ambos países y dice también que va a seguir  apoyando Estados Unidos a México en este tema.

 

DPL: En el marco en el cual hizo las declaraciones la Embajadora Roberta Jacobson fue muy ilustrativo porque ella reconoció las muertes de ciudadanos estadounidenses por motivo de las adicciones, es un problema gravísimo en el país Norteamericano.

 

Yo haría un exhorto muy respetuoso a la embajadora para que en su país se desarrollen políticas públicas que acaben con este contagio, esta enfermedad que son las adicciones por drogas.

 

Si se acaba la demanda, se acaba la oferta. Vamos acabando con la demanda así sea paulatinamente  y con ello, nos ahorraríamos muchos otros dolores para el mundo como es el tráfico de armas, el narcotráfico que ha afectado de manera muy sensible a nuestros país y lo ha colocado como el segundo país más letal del mundo, sólo después de Siria, hacer esa reflexión junto con la Embajadora.

 

Gracias.

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