Seguridad pública, justicia y mando mixto deben ser los temas de un período extraordinario, propone Angélica de la Peña Gómez


Angélica

La senadora Angélica de la Peña propuso que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emita una excitativa a las comisiones competentes para que presenten al pleno los dictámenes relativos a la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional y la Minuta de la reforma constitucional a los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123, en materia de seguridad,  justicia y mando mixto.

 

Mediante un punto de acuerdo dirigido a la Comisión Permanente, la legisladora del PRD apuntó que aprobar dichos asuntos en un periodo extraordinario de sesiones será fundamental para avanzar en la construcción del marco legislativo que el país necesita para que las autoridades civiles garanticen la seguridad pública y la fuerzas armadas puedan retirarse de las calles y regresar progresivamente a sus responsabilidades constitucionales.

 

Dijo es urgente que el Congreso impulse, entre otros ordenamientos, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, la cual crea el Mando Mixto Policial con el objeto de fortalecer las estructuras policiales y revertir las infiltraciones del crimen en las corporaciones municipales. Esta reforma constitucional se encuentra aún pendiente con carácter de Minuta en la Cámara de Diputados”, añadió.

 

De igual forma, se debe promover la expedición de la legislación secundaria en materia de mando mixto (Ley general de seguridad pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución), pues la reforma constitucional a la que se ha hecho referencia establece que será en la legislación secundaria en donde se precisarán los casos en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y las municipales bajo el mando de las estatales o federales. Lo anterior, como consecuencia de la facultad que se otorga a los gobernadores para que asuman temporalmente el mando de las instituciones policíacas de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley.

 

Asimismo, la reforma constitucional mandata: a) homologación de los protocolos de actuación, de desempeño y operación de las instituciones policiales (incluido el uso legítimo de la fuerza, tema que como se argumentará más adelante, amerita la expedición de una legislación particular); y, b) la creación de un Servicio Nacional Profesional Policial que prevé la homologación de normas y procedimientos de reclutamiento, ingreso, formación, capacitación permanente, remuneración mínima, carrera profesional, estímulos, reconocimiento, disciplina y prestaciones complementarias de todas las instituciones policiales del país.

 

La senadora perredista recordó que en su momento, las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado coincidieron en que el objetivo primordial de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia era el construir, mantener y fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno para cumplir los propósitos de salvaguardar la integridad y derecho de las personas y de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

“Sin embargo, todo lo anterior es puesto en duda porla voces que exigen la expedición de una legislación en materia de seguridad interior, misma que no solo será incapaz de resolver los problemas de fondo, sino que, además, impedirá concentrar los esfuerzos y los recursos del Estado mexicano en la impostergable tarea de rediseñar y fortalecer el entramado institucional.“

 

Afirmó que dotar de un marco legal (pero inconstitucional) a las fuerzas armadas no sólo implica renunciar al fortalecimiento de las policías, también constituye un peligroso incentivo para que el ejército y la marina, tal y como lo han documentado organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, sigan perpetrando graves violaciones a los derechos humanos a lo largo del territorio nacional (desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales).

 

La propuesta de la senadora Angélica de la Peña también requiere:

 

1) Que la Procuraduría General de la República acelere las investigaciones para deslindar las responsabilidades de civiles y militares en los hechos acontecidos en Palmarito Tochapan, municipio de Quechoalac, Puebla, el pasado 03 de mayo.

 

2) Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remita un informe sobre los avances en el expediente de queja aperturado con motivo de los hechos acontecidos en Palmarito Tochapan, municipio de Quechoalac, Puebla, el pasado 03 de mayo.

 

 

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Para consultar el punto de acuerdo de manera íntegra: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71319