99.7 % de los casos que investiga la Fiscalía Especial Delitos Contra la Libertad de Expresión permanecen en la impunidad: Dolores Padierna


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Conferencia de prensa ofrecida por la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a los asesinatos de periodistas.

 

Dolores Padierna Luna (DPL): Buenos días, muchas  gracias.

Hemos convocado a esta rueda de medios para adelantar un punto fundamental que vamos a realizar el día de mañana, en la Comisión Permanente y se refiere a los asesinatos a periodistas.

 

El ser periodista en México parece ser más una sentencia de muerte que una profesión, así afirmó Tania Reneaum, directora nacional de Amnistía Internacional, al condenar el artero homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador de Riodoce, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, el sexto informador asesinado en los primeros meses de este año, cuyo nombre se suma a la lista de 42 reporteros y comunicadores que han sido asesinados en este sexenio.

 

Cuando se amenaza, se agrede, se pierde a un periodista se está atentando contra toda la sociedad en su conjunto; se limita el derecho de los comunicadores a informar, pero, sobre todo, se violenta el derecho de la ciudadanía a estar informada.

 

Por ello, las agresiones contra los profesionales del periodismo adquieren una relevancia que trasciende a la persona misma y merece una atención dirigente por parte de las autoridades, pues de lo contrario se manda un mensaje de permisividad, de tolerancia, de impunidad, sino es que de complicidad.

 

El 2 de marzo de este año asesinaron a Cecilio Pineda, en el estado de Guerrero; el 19 de ese mes asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz; el 23 del mismo mes acribillaron a Miroslava Breach, en Chihuahua; el 14 de abril asesinaron a Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; el 2 de mayo privaron de la vida a Filiberto Álvarez, en Morelos.

 

El fin de semana un grupo de sujetos armados en Guerrero asalto, amenazo y golpeo a los periodistas Sergio Ocampo, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Yair Cabrera,  Jorge Martínez, Hans Muselik y Pablo Pérez.

 

Y el día de ayer fue asesinado en Sinaloa el periodista y escritor Javier Valdez;  mientras en Jalisco se atacaba a Sonia Córdova, subdirectora de un medio local que sobrevivió al ataque, pero a quien le arrebataron la vida de su hijo.

 

Todas estas agresiones permanece en la impunidad, todas estas agresiones pudieron evitarse, todas estas vidas de comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiese cumplido con sus obligaciones para investigar el contexto de violencia e inseguridad en el que ejercen su labor las y los comunicadores.

 

Si la autoridad hubiese investigado las amenazas y los actos de intimidación previos de que fueron evidenciados por algunas de las víctimas, y sobre todo si se hubieran realizado las investigaciones con diligencia efectiva para sancionar a los agresores y detener esta ola de violencia que cada día cobra más víctimas.

 

Es esta impunidad la que ha permitido e incluso alentado las agresiones  contras las y los periodistas que se niegan a hacer silenciados, es esta impunidad que engloba las agresiones a las y los periodistas la responsabilidad directa de las autoridades ministeriales.

 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión desde 2010 a la fecha ha integrado 368 expedientes, de este universo se han logrado sentencias condenatorias sólo en tres casos, es decir, porcentualmente el 99.7 por ciento de los casos que investiga esta fiscalía permanecen en la impunidad.

 

La impunidad mate periodistas, mata la voz, mata las letras de quienes nos informan; la impunidad mata el derecho a estar informados y mata poco a poco la construcción de una sociedad democrática.

 

Por eso, el día de mañana será un tema principal, por parte de nosotros, en la agenda de la Comisión Permanente, donde vamos a exigir la comparecencia de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, quien es la cabeza responsable de la seguridad en nuestro país.

 

También, la comparecencia urgente y sin pretextos del Procurador General de la República, para que comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y nos explique cuáles son las razones sobre este 99.7 por ciento de los casos de periodistas asesinados que se han mantenido en la impunidad.

 

Este es el comunicado de mi parte, hay mucho que decir, hay muchas cifras que das, hay mucha indignación, hay mucha preocupación; éste es mi comunicado, si tuvieran alguna pregunta, estoy a sus órdenes.

 

Sesión de preguntas y respuestas:

 

Pregunta (P): Buenos días senadora. Respecto de este tema, también tengo pregunta de otro asunto, pero de este tema, de los periodistas asesinados, 99.7 por ciento del margen de impunidad es casi el absoluto.

 

Y la cuestión es ¿qué hacer para que más allá de la voluntad de los gobernantes pueda haber persecución de este tipo de delitos. ¿En qué parte del sistema de justicia hgay un quebranto que no permite llegar a atacar a los delincuentes?

 

Y si en ese marco usted consideraría que hubiera una  fiscalía autónoma para periodistas, exclusivamente, porque en el gobierno federal hay dependencias que se ocupan inclusive de defensores de derechos humanos, y si vemos en la dinámica de un periodista y la dinámica de un defensor de derechos humanos es muy distinta.

 

Quizá ahí haya un margen de debilidad, de fragilidad institucional para perseguir este tipo de delitos.

 

DPL: Las autoridades responsables de la seguridad del país no están dando resultados, no están cumpliendo las funciones para las cuales fueron nombradas y derivado de su incompetencia, de su negligencia, es que se deriva la impunidad.

 

Entonces la impunidad es la causa principal del nivel de inseguridad que hemos alcanzado en el país, que ya está tocando, ya está rayando en una crisis de ingobernabilidad   en nuestro país.

 

Este año, 2017, está catalogado como el año más peligroso y ya rebasó el pico más alto de inseguridad que hemos tenido desde que se aplicó la guerra contra el narcotráfico –el punto más alto era 2011-, hora es este año.

 

Eso habla de que en 11 años no se ha podido atender ni resolver ni disminuir este flagelo, este problema. Todo permanece en la impunidad y hay que llamar a cuentas a los responsables.

 

Por otra parte, el tema de la fiscalía, yo presenté una iniciativa de ley, la he comentado con el senador Gamboa, con varios senadores y senadoras, para que se apruebe que el Fiscal o la Fiscal, para ver los delitos cometidos contra periodistas o contra la libertad de expresión, sean personas de la confianza del gremio periodístico.

 

Que el gremio periodístico le presente al Procurador una lista de nombres de quiénes pudieran ser fiscales de su confianza, porque este último nombramiento que hizo el Procurador Raúl Cervantes, yo consulté a varios periodistas qué opinión tienen de él, qué resultados espera de él; no hubo un solo periodista –de 10 que consulté- que me dijera que tiene buena trayectoria, buena fama, que confían en él.

 

No hay confianza en ese fiscal; el gremio periodístico le teme también al fiscal. Mientras no tenga la confianza no es un buen funcionario.

 

Ojalá se aprobara la ley para que se formara un comité de periodistas, donde este comité de periodistas pudiera hacerle llegar una terna o una lista de nombres al Procurador, que sea gente de confianza, gente calificada, gente que sepa hacer investigación, persecución de delitos, que conozca el medio periodístico y pueda ser más eficaz.

 

P: En el diseño de la Fiscalía General de la Nación, ¿cómo podría quedar el segmento?

 

DPL: Si, yo aprovechaba esta discusión que estamos teniendo del periodo extraordinario posible, donde pudiéramos elegir al Fiscal Anticorrupción, a los 18 Magistrados que van a la salas especializadas anticorrupción; ahí en ese marco hemos hablado de la posibilidad de cambiar al 102 Constitucional para que los fiscales tengan autonomía y no sean dependientes del Fiscal General de la República.

 

Sería el fiscal de la Fepade, el fiscal anticorrupción y también el fiscal para atender los delitos contra periodistas o a favor de la libertad de expresión.

 

P: De otro tema senadora, si están amable. Se conocen ahora partes de un informe de visitaduría interna de la PGR de cómo se construyó la verdad histórica de Ayotzinapa, violando derechos humanos.

 

Y ahí esa área de control interno, persecución interna de irregularidades, encuentra problemas de aplicación de la justicia en el seguimiento y en la investigación interna de Ayotzinapa y el expediente de la verdad histórica podría caerse con esas irregularidades.

 

¿Usted qué nos puede comentar?

 

DPL: En efecto, aquí vinieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, pidiendo una explicación del Procurador General de la República, de esta declaración de ellos mismo, de este expediente escondido que tenían en la PGR y que demuestra que hubo pruebas sembradas para simular una verdad llamada histórica, que luego se convirtió en una mentira histórica.

 

Es algo, un hallazgo muy importante que no puede quedar ni en el olvido ni en el archivero. Tiene que venir a comparecer el Procurador General y explicar este tema que nos preocupa sobre manera.

 

Y el tema de la visitaduría es un problema mayúsculo, porque todo este tiempo, la visitaduría es el órgano que revisa la corrupción al interior del funcionamiento de la PGR.

 

En el nuevo modelo del Sistema Nacional Anticorrupción no aparece nadie más que vaya a revisar los actos de corrupción al interior de la Procuraduría, es decir seguirá habiendo la visitaduría como única instancia u órgano interno de control para revisar los actos de corrupción de la Procuraduría.

 

Hemos visto que la visitaduría no está dando resultados; luego entonces hay que aprovechar todo el tema legislativo que vamos a abordar cuando se aborde la Fiscalía, el pase automático, la revisión del 102 Constitucional, la Ley Orgánica de la Fiscalía General Anticorrupción, para que quede muy claro en el Sistema Nacional Anticorrupción quien se va a encargar de manera autónoma, de manera separada -y no un órgano interno que forma parte de un subordinado del Fiscal General- quien va a revisar la corrupción o los actos de corrupción del propio fiscal, de los fiscales y de todo el organigrama de la Procuraduría General de la República.

 

Nos parece que no está claro en el Sistema Nacional Anticorrupción un ente aparte, porque si fuera por ejemplo una falta administrativa, un delito de responsabilidades de servidores públicos, no le tocaría al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, sino que sería la visitaduría que hoy existe.

 

Nos parecen lagunas muy peligrosas que debemos de cubrir.

 

P: ¿Lagunas peligrosas que no dejarían ver el tipo de irregularidades como este expediente de Ayotzinapa, senadora?

 

DPL: No quiero generalizar, ha habido visitadores buenos, otros no tanto, aquí los resultados son los que cuentan. Hay un grado de impunidad enorme para periodistas que es del 99.7 por ciento –por no decir que es del 100 por ciento-, pero para otros delitos es del 92 o 95 por ciento el grado de impunidad.

 

Entonces, estamos hablando de que la Procuraduría General de la República no está resolviendo, no está investigando, no está investigando y no está teniendo resultados de eficiencia.

 

Son muy deficientes y lo que prevalece es el grado de impunidad. Y no se brinda justicia al país.

 

P: Nada más un detalle sobre Ayotzinapa, ¿la bancada del PRD en el Senado estaría porque se vuelva a empezar otra vez la investigación de Ayotzinapa y porque toda la investigación esté limpia de irregularidades en el debido proceso?

 

DPL: Pues a estas alturas que han destruido tantas pruebas y han también destruido expedientes e investigaciones, nosotros –la posición del Partido de la Revolución Democrática- es solicitar la comparecencia del Procurador General de la República con los padres del los 43 desaparecidos y ahí, junto con ellos en una mesa de trabajo se pueda determinar una ruta crítica para poder llegar a la verdad histórica en ese caso.

 

Gracias.

 

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