Ninguna vida vale más que otra. A las mexicanas y mexicanos nos indignan todos los crímenes. Pero los asesinatos de periodistas tienen una lectura adicional porque, además del profesional y sus cercanos, todos resultamos víctimas debido a que se atenta también contra nuestro derecho a la información y contra la libertad de expresión.
El asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, ocurrido este mediodía en Culiacán, Sinaloa, es una nueva afrenta a la sociedad mexicana y su derecho a ser informada. Forma parte, por desgracia, de una ominosa lista, pues en este año debemos lamentar los asesinatos de la periodista Miroslava Breach –corresponsal de La Jornada al igual que Valdez–, en Chihuahua; de Cecilio Pineda en Guerrero; y de Ricardo Monlui en Veracruz.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que del año 2000 a la fecha han sido asesinados en nuestro país 123 periodistas.
Desde que Felipe Calderón lanzó la insensata “guerra contra el narcotráfico” las agresiones contra la prensa se han incrementado al punto de que nuestro país es considerado uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo.
Centenares de profesionales de la comunicación se han manifestado en todo el país para rechazar los cobardes crímenes y exigir a las autoridades el esclarecimiento de los homicidios y castigo a los culpables.
Los comunicadores han señalado que los gobiernos, tanto federal como estatales, no han actuado sino para autoexculparse y, en algunos casos de mayor gravedad, para encubrir a los culpables. La fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión ha sido, dicen los profesionales de los medios, un instrumento de simulación. Y el Mecanismo de Protección a Periodistas, también una instancia oficial, ha resultado incapaz de prevenir estos crímenes atroces.
Como dicen los periodistas: “A esta sociedad la están dejando sin ojos y sin oídos, inerme ante la violencia”. Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso nos sumamos al grito de “justicia” que resuena en estos días en nuestro México.
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandaremos que comparezcan los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación, quienes están obligados a presentar a la sociedad avances tangibles en las investigaciones de estos crímenes atroces y, también, a informar sobre cuáles son las acciones que ha tomado y tomará el gobierno para detener esta escalada contra la libertad de expresión.
Senadora Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD
