Miriam Rodríguez, derrota moral del Estado / El Financiero


Padierna

La noche del miércoles 10 de mayo, Día de las Madres, un comando de la muerte llegó a la casa de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora del Colectivo Desaparecidos de Tamaulipas. Irrumpieron en su vivienda. Abrieron fuego en contra de ella, delante de su esposo e hijos. Murió mientras era trasladada al hospital de San Fernando.

La ejecución de Miriam Rodríguez Martínez ha vuelto a conmocionar al país y a las organizaciones internacionales de derechos humanos. Su homicidio nos remite de manera inevitable al asesinato de Marisela Escobedo, otra mujer y madre valiente que se enfrentó a las autoridades y al crimen organizado. Marisela fue asesinada a la luz del día, el 16 de diciembre de 2010, frente al palacio de gobierno de Chihuahua.

A Miriam Rodríguez le juraron venganza por atreverse a ir más allá del pacto de impunidad que explica la ola de crímenes y desapariciones en Tamaulipas y en otros estados.

Desde 2012 ella se dedicó a localizar a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, secuestrada en San Fernando, el mismo municipio donde el cártel de Los Zetas asesinó a 72 migrantes de Centroamérica y en donde se han localizado más de 180 cuerpos en fosas clandestinas.

En una de esas fosas, Miriam Rodríguez halló el cuerpo de su hija Karen en 2015. Sin apoyo de las autoridades ministeriales, ella recopiló evidencias con las que comprobó la responsabilidad de 16 personas en el secuestro y homicidio de su hija. 13 presuntos criminales fueron aprehendidos. Uno de ellos, Enrique Rubio Flores, recluido en el penal de Ciudad Victoria, logró fugarse junto con otros 28 reos. La Procuraduría de Tamaulipas insistió que había sido reaprehendido, pero todo apunta a una posible responsabilidad de este sujeto.

Miriam no se detuvo. Apoyó y asesoró a otros padres y madres de desaparecidos. A sus 60 años era incansable. Recibió amenazas.

Solicitó la protección de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que turnó su caso a la comisión estatal. Siempre externó su temor a ser asesinada.

La Comisión Nacional de Atención a las Víctimas argumentó que si ya había localizado los restos de su hija, Miriam Rodríguez no tenía por qué estar en el padrón de atención.

La misma desatención y desinterés padecieron todos los padres y madres de desaparecidos que decidieron romper con el silencio cómplice de distintas instancias del Estado.

Su ejecución es un caso muy similar al de Marisela Escobedo, pero también al de Nepomuceno Moreno Núñez, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asesinado el 28 de noviembre de 2011, en Hermosillo, Sonora. Al de Sandra Luz Hernández, asesinada en Culiacán el 12 de mayo de 2014. Al de Norma Ángeles Bruno, de los Otros Desaparecidos, asesinada en febrero de 2015 en Iguala, Guerrero. Al de Luis Abraham Cabada Hernández, asesinado en Culiacán, en diciembre de 2015. Al de Cornelia San Juan Guevara, asesinada en Tecámac, en enero de 2016. Al de José de Jesús Jiménez Gaona, asesinado en Poza Rica, el 22 de junio de 2016. Al de Heriberto López Gastélum, asesinado en noviembre de 2016 en Ciudad Obregón.

Todos y todas eran padres de familia integrados a colectivos dedicados a encontrar a sus hijos desaparecidos y a los responsables de esta tragedia. El Estado no los protegió. Simplemente, las distintas instancias de justicia se han lavado las manos. En la mayoría de los casos, como en el de Miriam Rodríguez, responsabilizan a las propias víctimas de su desgracia.

El artero crimen de esta heroína cívica, como el de muchos otros, constituyen una derrota moral del Estado mexicano. Desde el Senado no sólo vamos a impulsar el cumplimiento de las leyes que hemos aprobado para enfrentar esta grave crisis de derechos humanos en nuestro país sino a nombrar una comisión para saber qué ha sucedido con estos crímenes.

Twitter:@Dolores_PL