Intervención en tribuna de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar posición en al apartado de la agenda política sobre el tema de los hechos ocurridos en el estado de Puebla, provocados por los grupos delictivos dedicados al robo de combustible.
Dolores Padierna Luna (DPL): Con su venia, Presidenta.
El enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Palmerito, Puebla, entre efectivos militares y pobladores acusados de robar combustible en los ductos de Pemex, dejó un saldo trágico de al menos 10 personas muertas, seis de ellas civiles y cuatro soldados, 11 heridos, 14 detenidos y una situación de tensión política y social que urge ser atendida más allá de la violencia registrada en estos días.
La Procuraduría General de la República anunció que abrió una indagatoria por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y otros que resulten, al mismo tiempo anunció que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales.
Sin embargo, la propia PGR no ha anunciado hasta el momento, ninguna investigación sobre la responsabilidad de los servidores públicos, ni de Pemex, ni del Cisen, ni de ninguna otra dependencia vinculada por este tema, que ya sea por acción o por omisión han permitido que estos delitos vayan en un incremento exponencial muy riesgoso.
No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible, si bien es cierto forman parte de una red criminal que afecta el patrimonio nacional y la seguridad de las personas, es nuestra obligación como legisladoras y legisladores ampliar la mirada de este fenómeno hacia las causas estructurales que han facilitado y permitido la proliferación de este tipo de grupos delictivos. Que en una palabra pudiéramos resumir: “la causa principal es la impunidad”.
A raíz de la reforma energética impulsada por este gobierno, Pemex se ha visto debilitado en cuanto a su capacidad de inversión, de seguridad y de resguardo de sus propias instalaciones. Esta desinversión ha colocado a la red de distribución y transportación de hidrocarburos en uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena de producción de la paraestatal.
Paralelamente, las investigaciones que se tiene que desarrollar por los actos delictivos, que se traducen en el robo de combustible, resulta indispensable que se haga una investigación de carácter político sobre las responsabilidades de las y los servidores públicos que han conducido a Pemex a este momento de debilidad y de crisis institucional en la que se encuentra.
Lo ocurrido en Puebla es una tragedia largamente anunciada por tres razones fundamentales que nos habla de negligencia, corrupción y complicidades al más alto nivel.
En los 13 años transcurridos, de 2003 a 2016, desde la primera vez en que el gobierno de Vicente Fox dio la orden de coordinarse e incluso formó una Comisión Interinstitucional con las instituciones Pemex, Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena y Marina para enfrentar este flagelo del robo ilegal de combustibles, el número de tomas clandestinas creció 10 %, y nadie hace nada.
Pemex ha tratado de lavarse las manos de su propia responsabilidad con la vigilancia de los ductos.
En agosto de 2003, la paraestatal informó que existe un grupo de trabajo interinstitucional del gobierno federal en el que participa Pemex con el propósito de delinear estrategias, dar seguimiento al programa de combate al mercado ilícito de combustibles y ejercer las acciones legales procedentes.
Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los resultados de estos grupos interinstitucionales, han pasado seis directores de Pemex desde entonces. Tres Secretarios de la Defensa Nacional, tres Secretarios de Marina, ocho titulares de la PGR, ocho Secretarios de Energía y no se ha informado ningún avance que hayan tenido éstas autoridades.
En 2010 desapareció el presupuesto federal de la partida para el Programa de Combate al Comercio Ilícito de Hidrocarburos, anunciado en 2002 para Pemex. No se ha explicado por qué se disminuyeron estos recursos, ni el comercio ilegal de combustibles y por qué éste se incrementó.
Entre 2008 y 2015 se incrementó de 57 a 100 el número de perforaciones ilegales.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto han crecido las tomas clandestinas de combustible a un ritmo mayor que en los otros dos sexenios anteriores.
Informes de Pemex revelan que tan sólo en los dos meses de este 2017 se realizaron mil 646 tomas clandestinas, una cuarta parte de lo que se perforó en la infraestructura de los ductos de Pemex.
En promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2017; nueve perforaciones más diarias del promedio en 2016.
Cuando este delito alcanzó niveles históricos de 6 mil 873 tomas clandestinas, y cuando el Congreso de la Unión, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobamos la ley contra el, para tipificar este delito de robo de hidrocarburos.
Otro elemento preocupante es el vínculo entre algunos grupos políticos locales con grupos del robo de combustible y la posible obtención de recursos financieros ilícitos para el financiamiento de algunas campañas.
La Auditoría Superior de la Federación año con año relata los diversos distintos modus operandi de este delito de robo de hidrocarburos. Le ha hecho, año con año, todo el trabajo de investigación a las autoridades judiciales y ni así se hace nada al respecto, reina la impunidad más absoluta.
Quiero terminar diciendo que necesitamos analizar las consecuencias de la fallida reforma energética, y tenemos que analizar también las responsabilidades de quien a fuerzas quiere convertir a la gallina de los huevos de oro en el avestruz de los huevos robados.
Este ilícito que está afectando y que ha traído ya muertes y una enorme violencia en algunos estados tiene que traducirse en algo más que esta exposición de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente.
Debemos llamar a comparecer al titular del Cisen porque él es el encargado de llevar a cabo la inteligencia y ubica perfectamente los domicilios, los horarios de dónde ocurre este delito.
Al titular de Pemex porque ellos tienen los horarios de distribución de los combustibles y son los responsables de la vigilancia de los ductos.
Al titular de la Secretaría de Energía porque a ellos les corresponde hacer respetar el calendario de apertura del mercado de combustibles, y sus decisiones erráticas se han traducido en efectos muy perniciosos para el país.
Y convocar a la comparecencia al Procurador General de la República porque él es el encargado de investigar los delitos, de impartir justicia a las víctimas, y sólo ha mostrado indolencia ante este mal.
Estos debates sí sirven para hacer llamados y conciencia social, pero se deben de tomar acciones concretas por la Comisión Permanente para que se hagan valer las leyes que hemos aprobado como Congreso de la Unión y se finquen responsabilidades contra los responsables.
Muchas gracias.
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