La senadora Angélica de la Peña exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe sobre las acciones encaminadas a contrarrestar la incidencia delictiva en el sistema carretero que afecta al autotransporte de pasajeros o turismo y a automóviles particulares y la inversión para revertir el deterioro de la red federal de carreteras.
La legisladora del PRD lamentó que la incapacidad de la SCT para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras mexicanas quede de manifiesto una vez más con la tragedia ocurrida en la autopista México-Puebla, en la que un bebé fue asesinado y una adolescente y su madre agredidas sexualmente durante un asalto.
Recordó que en julio de 2016 la Comisión Permanente aprobó, a propuesta suya, solicitar al Comisionado General de la Policía Federal un informe sobre las acciones para reforzar la vigilancia y cuidado del sistema carretero federal, “hace un año se dispararon las denuncias por robo a mano armada y violaciones sexuales, a causa dela falta de vigilancia”, añadió.
La incidencia se ha mantenido al alza, denunció la senadora, pues la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR) reportó que en 2017 se denunciaron mil 985 robos, lo que representa un incremento del 50% respecto al año anterior.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2016 se han cometieron 2 mil 212 robos en las diferentes carreteras del país, es decir, que cometió en promedio de 8 asaltos diarios en las carreteras.
En cuanto a la calidad del sistema carretero, la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha dado a conocer que de 2014 a la fecha casi 113 mil kilómetros perdieron la categoría de buenas o al menos satisfactorias condiciones de circulación por falta de trabajos de mantenimiento y rehabilitación.
Lo anterior implica que 30 de cada 100 kilómetros tiene deterioro superficial y estructural que dificulta el tránsito, eleva el índice de accidentes y obliga a reducir las velocidades de operación de los autos, lo que genera sobre costos de operación e inseguridad para usuarios.
De la Peña Gómez añadió que por si fuera poco el abandono en el que se encuentran las carreteras, Caminos y Puentes Federales se encuentra en medio de un escándalo de corrupción, donde seis constructoras obtuvieron contratos que superan 770 millones de pesos tras haber recibido datos confidenciales sobre los topes máximos de esas asignaciones mediante un esquema de filtración”, agregó.
“La SCT y CAPUFE no pueden seguir justificando su incapacidad para garantizar la seguridad en las carreteras argumentando recortes presupuestales mientras crecía una red de corrupción en su interior; tomaremos las acciones necesarias, incluidas las comparecencias de funcionarios, para que el transporte particular, de carga y de pasajeros viaje con seguridad por todo el país y CAPUFE sea un organismo transparente y eficiente”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
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