Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la presentación del libro “Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016”.
Angélica de la Peña Gómez (APG): Buenas tardes a todas y a todos:
Antes de iniciar los comentarios a este importante Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, permítanme felicitar a las y los organizadores de esta presentación, muy destacadamente al Instituto Belisario Domínguez, ya que ésta no podría ser más acertada, en momentos donde se debate si es necesario contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública y en el combate en contra de la delincuencia organizada.
Como nos podemos percatar actualmente prevalece un discurso y una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad pública: Luego de aquél discurso del Secretario de la Defensa en el que señaló el desgaste del Ejército en las calles y pidió un marco legal (que hoy no existe) que regule la participación del Ejercito Armadas en tareas de seguridad.
Ello generó la reacción de que el Congreso de la Unión retomara la discusión de la Ley de Seguridad Interior.
Por eso la presentación de este Atlas constituye un elemento fundamental y un elemento a considerar en este debate.
16 relevantes ensayos sobre la actual problemática en materia de seguridad pública, en temas que van desde el análisis de los grupos criminales; la década de la guerra en contra del narcotráfico; las cárceles y los autogobiernos; la impunidad de los delitos; el inusitado incremento al presupuesto en materia de seguridad pública; la legalización de la marihuana; el lavado de dinero; el tráfico de armas de fuego; la seguridad entre México y los Estados Unidos y los análisis de estados como Sinaloa; Tamaulipas, Michoacán y Guerrero constituyen una gama de temas muy completos dada la calidad de sus autores.
Adicionalmente, los cuadros estadísticos, anexos, organigramas, gráficas y mapas en temas como la defensa, la seguridad pública, la procuración de justicia, el combate al crimen organizado, el deterioro de los derechos humanos, la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los profesionales de la comunicación, la transparencia y la percepción de la población sobre la violencia complementan este documento.
Por ello es de felicitar primero a los Editores Sergio Aguayo Quezada y Raúl Benítez Manaut por impulsar más allá del ámbito académico este encomiable esfuerzo que sin duda debe ser tomado en consideración para el debate no sólo en el Congreso de la Unión, sino por todas y todos aquellos que hoy aspiran a la Presidencia de la República para que lo consideren y nos digan que proponen en materia de seguridad.
También es de reconocer la participación de quienes colaboraron en el anexo estadístico Armando Rodríguez Luna, Patricia Quintanar y Keyla Vargas.
Y claro también a las y los colaboradores de los ensayos: Antonio Luigi Mazzitelli, Jonathan D. Rosen, Roberto Zepeda, Mariclaire Acosta, Armando Rodríguez Luna; Patricia Quintanar, Elena Azaola, Malisa Hubert, Irma Kanter Coronel, Carlos Barrachina Lisón, Paulina Arraiga, Maura Roldán Álvarez, Carlos Rodríguez Ulloa, Guadalupe Correa Cabrera, Raúl Zepeda Gil, Camilo Pantoja, Carlos Flores Pérez, Eric Olson y Ximena Rodríguez.
Comenzaría diciendo que este voluminoso trabajo nos refleja el tamaño del reto que tenemos que enfrentar no sólo en materia de seguridad pública, que dicho sea de paso debe seguir siendo de carácter civil tal y como lo establece la Constitución.
De este Atlas he extraído algunos datos que me parecen relevantes y que no podemos dejar pasar:
La transformación de los grupos criminales mexicanos en los últimos años, que han pasado de ser organizaciones orientadas casi exclusivamente a los negocios del narcotráfico a organizaciones de tinte predatorio con claras ambiciones de control territorial, que de alguna manera rompen el llamado contrato social en sus zonas de influencia.
Estados Unidos y México deben dedicar más recursos a programas de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación con el fin de reducir el consumo del vecino país y la demanda de enervantes. Si no es así, las acciones violentas en México seguirán aumentando, ya que los cárteles continuarán luchando a muerte por el control del territorio y es muy probable que en 2018 México termine el sexenio con mayores índices de violencia.
En materia de desaparición de personas, existe un consenso de que se trata de un problema gravísimo de derechos humanos, con más de 26 mil víctimas registradas en 2015, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunque se desconoce cuántas de éstas pueden ser desapariciones forzadas debido a graves omisiones en la recolección y sistematización de información al respecto.
La violencia, la corrupción y la impunidad que afectan al país han golpeado a las libertades de prensa y expresión. El principal efecto sobre el periodismo ha sido la autocensura, la cual se ha convertido en el mecanismo de autoprotección más frecuente para el grueso de las y los periodistas.
México ocupa el sexto lugar en el mundo por el tamaño de su población penitenciaria, sólo después, en ese orden, de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, países que cuentan con una cantidad total de habitantes entre tres y más de diez veces mayor que la nuestra.
En números redondos, el país tiene hoy 245 mil internos, 95 por ciento varones y 5 por ciento mujeres, distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios, 22 de ellos de carácter federal y el resto de índole estatal o municipal.
El 44 por ciento de la población reclusa en estos centros son presos sin sentencia, casi la mitad, lo cual revela, de entrada, dos de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario mexicano: la sobrepoblación, el uso desproporcionado de la prisión preventiva y los autogobiernos.
México invirtió entre el año 2008 y el 2015 un billón 820 mil 346 millones de pesos en seguridad y defensa. De esa cantidad, 609 mil 773 millones han sido presupuestados por las entidades federativas para operar sus instituciones de seguridad y los aparatos de procuración de justicia. Por otra parte,205 mil 509 millones suplementarios se entregaron a estados y municipios, a través de los principales fondos y subsidios federales, que lejos de resolver el problema de seguridad Pública se ha convertido en un incentivo perverso que ha generado que muchas autoridades locales durante muchos años hayan abandonado la función de seguridad pública.
Es claro que a pesar de los esfuerzos en la PGR y la SHCP por combatir al lavado de dinero, los logros son escasos. Ante el poder financiero del crimen organizado, los montos que frecuentemente se mencionan en la prensa sobre la riqueza que ostentan los líderes de los grupos criminales contrastan con las cantidades confiscadas que logran capturar y judicializar las autoridades, ya que existe gran facilidad para blanquear activos, ocultarlos en el sistema financiero y legalizarlos en favor del crimen organizado.
El número de armas aseguradas ha disminuido drásticamente en los últimos años y en el 2015 se registró la cifra más alta del sexenio en equipos perdidos por la policía. Ello significa que durante el último periodo anual desaparecieron tres armas diarias de los arsenales de las instituciones de seguridad pública.
Finalmente permítanme comentarles que este Atlas refleja la magnitud del enorme reto que enfrentamos en materia de seguridad pública. Creo que es con análisis y datos duros como los que aquí se presentan como debemos partir antes de cualquier propuesta o reforma en el que va de por medio la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos humanos de los habitantes de nuestro país.
Por tanto yo agradezco la oportunidad que el Instituto Belisario Domínguez me ha dado para poder compartir con ustedes nuestros comentarios a tan importante y trascendental trabajo.
Por su atención, muchas gracias.
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