La senadora Angélica de la Peña presentó una iniciativa, a nombre de académicos y colectivos de organizaciones de la sociedad civil impulsores de la campaña “Por una Fiscalía que Sirva”, para modificar el proceso de formulación de terna, designación y remoción del Fiscal General de la República.
La propuesta ciudadana propone reformar el artículo 102 y los artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La senadora del PRD explicó que la iniciativa elimina el llamado “pase automático” que tenía el actual titular de la Procuraduría General de la República para ser nombrado Fiscal General de la República, “además establece que quien aspire a ser titular de la Fiscalía General de la República deberá gozar independencia, honradez, alta calidad moral, compromiso con la protección de los derechos humanos y no haber sido condenado por delito doloso”, añadió.
En lo referente a la designación del Fiscal General de la República, la proposición indica que el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, la cual deberá integrarse mediante un proceso transparente y público, con participación de la sociedad civil, que evalúe la idoneidad para el cargo. La lista, junto con la evaluación, deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, y ambas serán enviadas al Ejecutivo Federal.
El Senado, con base en la terna debidamente fundamentada y previa comparecencia pública de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.
Se establece que Ejecutivo tendrá un plazo de diez días para enviar la terna al Senado; de no hacerlo, la Cámara de Senadores podrá designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista, en un plazo de diez días desde las comparecencias públicas de los aspirantes.
De la Peña Gómez resaltó que la iniciativa inscribe la creación de una Fiscalía Especializada en delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos y la obligación del Ministerio Público para perseguir todos los delitos del orden federal y aquellos del orden común que guarden conexidad con delitos del orden federal o cuando el hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas.
Asimismo, el Ministerio Público ejercerá la facultad de atracción a solicitud de la víctima del delito cuando las Fiscalías de las entidades federativas no inicien de forma inmediata, imparcial y exhaustiva la investigación, por defecto u omisión en la persecución o enjuiciamiento en el ámbito local o cuando exista sentencia o resolución de un órgano previsto en tratado internacional.
También se mandata a la Fiscalía General de la República a establecer mecanismos de evaluación y control disciplinario para un adecuado y transparente ejercicio de la función que
permita una supervisión ciudadana y la autonomía de los servicios periciales.
En el artículo décimo sexto transitorio se estipula que al cumplirse un año de su entrada en funciones, el Fiscal General presentará a la comisión que para tal efecto designe el pleno del Senado, un plan de transición institucional, en el que especifiquen los programas de depuración de causas del sistema inquisitivo mixto, el de reorganización institucional, de servicio profesional de carrera, presupuestario y de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resoluciones federales e internacionales por graves violaciones a derechos humanos. Deberá también presentar su plan de persecución penal.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado resaltó como un gran avance el que se inscriba en la Constitución la obligación de la Fiscalía General de la República de velar por la protección de los derechos humanos, pues es el cometido que debe distinguirla.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña señaló que la procuración de justicia, sobre todo en estos tiempos debe servirle a la sociedad, servir a la población, servir a la nación.
-o0o-
