La detención de Javier Duarte de Ochoa y el descubrimiento de sus evidentes redes de corrupción y complicidades permiten poco a poco ir conociendo la forma en la que durante 6 años, el ex gobernador, robó el dinero del erario público y lo destino para beneficiar a sus familiares, amigos y socios, provocando con ello un quebranto al patrimonio nacional que hasta la fecha no se ha podido calcular con claridad.
En esta intrincada red de beneficiarios y cómplices que dilapidaron el dinero público en beneficio propio, no se ha desarrollado todavía una investigación a fondo en la que se pueda clarificar las responsabilidades individuales, los destinos finales de los recursos obtenidos de manera ilícita y sobre todo, la pertinencia o viabilidad de recuperar esos recursos que siguen siendo del erario público y que está invertido en propiedades lujosas, yates, mansiones y un sinfín de artículos de lujo en manos de unas cuantas familias.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita que hoy se le imputa a Javier Duarte por parte de la PGR no puede limitarse únicamente a la imputación de una responsabilidad individual del ex gobernador o de 5 o 6 de sus ex colaboradores, pues resulta increíble pensar e imaginar que una red tan compleja y sofisticada de corrupción e impunidad estuviera compuesta por un número tan reducido de integrantes.
Aunque las penas y las responsabilidades penales no trascienden a la persona que las cometió, es decir, que no puede castigarse a otras personas del círculo cercano o familiar de Duarte por las acciones que él mismo cometió, si resulta pertinente el ampliar las investigaciones hacia aquellas familias, grupos o amistades que se vieron directa e indirectamente beneficiados del ejercicio ilegal de los recursos públicos, se tiene desde luego que investigar a la esposa de Javier Duarte, a sus inversiones, sus negocios, sus propiedades, toda aquella propiedad bien mueble e inmueble que hubiese adquirido en los últimos 6 años debería de estar sujeta a investigación, pues podría presumirse que esos bienes fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita, es decir, con dinero robado de las arcas públicas.
El círculo familiar de Javier Duarte es sin lugar a dudas uno de los principales beneficiarios del desfalco al erario y del desvió de los recursos públicos, por ello, la ampliación de la investigación judicial hacia todas y cada una de las personas adultas que conforman el núcleo familiar del ex gobernador debe ser una línea de investigación obligada por parte de la PGR, se debe de respetar el derecho de presunción de inocencia para todas y todos ellos, pero se tienen también que agotar todas las líneas de investigación que conduzcan a ubicar y recuperar los miles de millones de pesos que siguen desaparecidos.
Cada día que pasa sin que se pueda señalar una responsabilidad directa a las y los beneficiarios de esta red de complicidades no sólo debilita a la PGR sino que incluso sigue abonando a las cada vez más insistentes voces que señalan que la captura de Duarte fue pactada a cambio de un gran acuerdo de impunidad para su esposa y su familia, de no ver resultados efectivos en materia de investigación en los próximos días y de imputaciones al núcleo familiar de Duarte, esas sospechas de un pacto de impunidad seguirán robusteciéndose y con ello se ahondará más en el descrédito en que ha caído la actual administración federal, ojalá que no sea así.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
