Ante la detención de Javier Duarte es necesario hacer un proceso de reflexión seria y detallada sobre el tipo de acusación que pesa en su contra, misma que sustentará la solicitud de extradición que en menos de 60 días deberá formular el Gobierno Mexicano al Gobierno de Guatemala.
En esencia, las acusaciones en contra de Duarte giran en torno al desvío de recursos del erario público, al uso de recursos y programas sociales sin comprobación y a un desfalco a la hacienda pública, es decir, a puras acusaciones de tipo económico que, aunque importantes, resultan insuficientes para la magnitud del desastre que provocó su gestión en el estado de Veracruz.
Ninguna instancia federal, ha atinado a imputarle una responsabilidad directa o indirecta, por acción o por omisión, o siquiera por ejercicio indebido del servicio público, por las decenas de personas desaparecidas bajo su gobierno, por la operación de grupos para-policiales que bajo el mando de su ex secretario de Seguridad Pública se dedicaron a sembrar el terror a lo largo y ancho de la entidad.
Tampoco por los periodistas asesinados dentro y fuera de Veracruz y que habían sido críticos y detractores de Duarte y de su equipo de gobierno.
Las acusaciones que pesan contra Duarte insisto, son importantes, pero son limitadas e incluso podría calificar que lo que hoy tiene la PGR en su contra se trata tan sólo de una “mini-acusación”.
El Artículo Décimo Quinto del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala se señala que:
1.- La persona reclamada (o sea Duarte) que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente (o sea México) por un delito distinto a aquel por el cuál se concedió la extradición ni tampoco será extraditado a un Tercer Estado, a menos que:
C) la parte requerida (o sea Guatemala) hubiere otorgado su consentimiento para que la persona sea detenida, juzgada, sancionada o extraditada a un Tercer Estado por un delito distinto a aquel por el cuál se concedió la extradición.
Quizá por eso Javier Duarte incluso al momento de ser esposado y detenido seguía sonriendo y burlándose, pues sabe que con la “mini-acusación” en su contra y con la limitación de no poderle juzgar por otro delito distinto a menos que Guatemala como país soberano así lo aceptara, Duarte será sujeto a un proceso penal y mediático más simbólico que efectivo.
No cabe duda que las detenciones de Tomas Yarrington y Javier Duarte fueron más un acto de legitimación del cuál el PRI pretende salir beneficiado, un acto de legitimación que ahora le permitirá cambiar el discurso oficial por uno que señale el “combate a la corrupción”, la “expulsión de los malos priístas”, la “imposición del imperio de la ley” y desde luego, recordarle a las y los votantes que esos priístas fueron malos, aunque hace unos años eran buenos, y que ahora lo que están en campaña estos si son los “meros buenos”, aunque en unos años podamos referirnos a ellos como los peores, pues cada gobernante corrupto tiene una capacidad impresionante de superar a su antecesor, para mal, pero siempre superarlo.
Al final lo que importa es la legitimación política, no el acceso a la justicia ni la reparación de los daños causados, de eso que se haga cargo alguien más.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
