La detención de Javier Duarte de Ochoa ocurre una semana después que se conociera también la de otro ex gobernador priista, el tamaulipeco Tomás Yarrington, quien gozó de una década de total impunidad para huir del país. El primero fue detenido en Guatemala, el segundo en Italia. Y es probable que otros prófugos de la justicia como el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, también se encuentre en territorio extranjero.
El Partido Revolucionario Institucional ha presumido estas detenciones, realizadas ambas por elementos policiacos extranjeros, como si se tratara de personajes ajenos a esta organización. Ni la más elemental autocrítica ha surgido de la dirigencia priista por haber postulado, defendido y justificado los crímenes de ambos ex gobernadores.
El caso de Javier Duarte es todavía más escandaloso porque hubo elementos suficientes para detenerlo, antes de su fuga, y el grado de corrupción de su gobierno sólo se puede explicar con la complicidad de instancias federales que lo cobijaron durante 6 años de su mandato.
Duarte no puede ser un “chivo expiatorio” más en vísperas de las elecciones del Estado de México sino la pieza clave de una red criminal que debe ser investigada a fondo.
El gobierno de Javier Duarte desfalcó al erario por más de 35 mil millones de pesos, según la propia Auditoría Superior de la Federación, dejó un pasivo público de 65 mil millones de pesos, pero también dejó una herencia de 185 mil habitantes de Veracruz que se sumaron a la pobreza, mientras su red de cómplices y prestanombres se enriquecieron de forma mal habida. A la corrupción, el gobierno priista de Duarte sumó la represión.
En su sexenio desaparecieron 15 mil personas, fueron asesinados 15 comunicadores, 40 salieron de la entidad, 65 denunciaron agresiones, se persiguió a activistas de derechos humanos y se masificó la impunidad, como tristemente demostró el caso de los jóvenes conocidos como Los Porkys. Deberá responder también por la corrupción, por la procedencia de las propiedades descubiertas en México y otros países, las posesiones lujosas, las cuentas exorbitantes con cargo al erario del estado.
Habrá de dar cuenta de los contratos otorgados por la Sedesol de Veracruz a empresas fantasma que terminaron desapareciendo, según versiones periodísticas, cerca de mil millones de pesos. No deben quedar en el olvido las narcofosas con miles de restos humanos en El Limón y en Colinas de Santa Fe y las desapariciones asociadas a ellas.
Por estas y otras muchas razones, más que lanzar las campanas al vuelo, la PGR y las autoridades ministeriales de Veracruz deben comprometerse por una investigación a fondo que lleguen hasta los cómplices, protectores y prestanombres de la corrupción de la era de Javier Duarte.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
