Desde 2010 y hasta 2015, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado de manera recurrente irregularidades en contratos otorgados por Pemex a diversas empresas, incluida Odebrecht y sus subsidiarias, sin que se tenga evidencia de que hayan sido investigadas a fondo por la Secretaría de la Función Pública, solventadas por Pemex y castigado a los culpables.
En 2015 se destapó que Odebrecht otorgó enormes sobornos para obtener contratos millonarios en Brasil y en otros países, incluido México, lo que fue aceptado por el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien ya recibió una condena de 19 años de prisión.
El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que entre 2001 y 2016, Odebrecht repartió sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países. De este total, 349 corresponden a Brasil y 439 millones a otros once países, incluidos 10.5 millones en México. Ejecutivos de la empresa se declararon culpables y aceptaron pagar una multa por 3,500 de dólares.
Sólo a partir de este hecho, la Secretaría de la Función Pública presentó una demanda ante la Procuraduría General de la República, cuyos avances y resultados no se conocen. Recientemente trascendió que en el Supremo Tribunal de Brasil existe una acusación judicial contra Emilio Lozoya Austin, quien fue Director de Pemex entre 2012 y 2014, por haber recibido sobornos por 5 millones de dólares a cambio de millonarios contratos.
La declaración jurada contra Lozoya la hizo el director de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, oficina encargada del pago de los sobornos de la constructora. Lozoya ha rechazado públicamente esta acusación y se desconoce si las autoridades mexicanas lo está investigando, ya que han declarado como secreta la investigación. Independientemente de que se compruebe o no la culpabilidad de Lozoya, hay que señalar que, como ex director de Pemex, junto con otros funcionarios, evidentemente tiene responsabilidades administrativas e incluso penales por el mal manejo de la empresa que implicó un uso inadecuado de recursos públicos.
En una amplia investigación realizada por “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, publicada en su sitio de Internet se detallan las oscuras relaciones de Pemex con Odebrecht, durante la actual administración, de la cual destaca que se le otorgaron contratos por 2,630 millones de dólares, en los que se han detectado diversas irregularidades como: asignaciones directas indebidas, incumplimiento de plazos, costos superiores a los contratados y el no cumplimiento de los objetivos de las obras. Respecto a esto último, destaca que en los últimos 10 años Pemex otorgó contratos a Odebrecht por 1,429 millones de dólares para incrementar la producción de diversas refinerías a pesar de lo cual la producción ha disminuido 26.5%.
Todos estos casos, indican que ha habido un severo daño patrimonial a Pemex y a la Nación, que por ningún motivo debe quedar impune. Es por ello que las autoridades mexicanas deben, no sólo investigar si hubo o no sobornos, sino el mal manejo de los recursos públicos y determinar el daño patrimonial que ha ocasionado el otorgamiento y administración de los contratos con Odebrecht y otras empresas.
Lo que es inaceptable es que la ASF recurrentemente detecta irregularidades y ni Pemex ni la Secretaría de la Función Pública ni la Procuraduría General de la República hagan algo para solucionar las deficiencias y evitar la impunidad, sino hasta que se destapan escándalos en el exterior.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
