Si se quisiera un ejemplo de corrupción, impunidad y colusión mafiosa, sin duda tendría que hablarse del caso Oceanografía. Su principal responsable, Amado Yáñez Osuna, salió de prisión el pasado 13 de abril pagando 7.5 millones de pesos –para seguir sus procesos en libertad– mientras es acusado por un fraude de 5 mil 312 millones de pesos, cometido en contra de Citigroup. La libertad le salió barata.
Yáñez y los directivos de Oceanografía están acusados de presentar documentos falsos para obtener préstamos por cientos de millones de dólares, lo que no descubriría el banco prestamista sino hasta que la empresa fuera sancionada, dejándosele fuera de los procesos de contratación del gobierno por meses, luego de que Pemex encontró irregularidades.
Sin la complicidad de las cúpulas de PAN y PRI, Yáñez no podría haber cometido sus fraudes, pero tampoco habría salido libre. Las instancias del Estado, por negligencia o complicidad, no se pusieron de acuerdo en la forma de encarar el delito de defraudación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores consideró que las violaciones a la regulación bancaria eran graves, pues la Ley de Instituciones de Crédito considera que es así si el monto del fraude supera los 350 mil días de salario mínimo –y los superaba, pues, según mostró Pemex, ascendía por lo menos a 400 millones de dólares.
La PGR, por su parte y tras desoír la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, decidió que las faltas no eran graves –al tiempo que se intervino la empresa. Al no tomar en cuenta el monto del quebranto, hizo factible que Amado Yáñez pudiera obtener su libertad provisional y estableció un funesto precedente. Con estos criterios, otros presuntos perpetradores de delito que pudieran ser demandados por acciones delictivas similares a las de Oceanografía podrían también obtener su libertad.
A decir de Murillo Karam, procurador que condujo el caso, sus acciones estaban orientadas a no afectar a la planta laboral de Oceanografía, de más de 11 mil trabajadores. Sin embargo, tampoco esa meta pudo conseguirse. La empresa se puso a concurso mercantil, lo que, a solicitud de la PGR, se hizo en buenas condiciones, es decir con una factible reestructuración de pasivos y oportunidades que permitieran evitar su quiebra y protegieran la planta laboral. Para ello, asimismo, se cedieron activos de Oceanografía al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, acción que no permitió preservar la planta laboral y, al contrario, facilitó liquidaciones masivas que pretendían evitarse.
Otras consecuencias de esa decisión fueron las de anular las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a Oceanografía, tanto las sanciones administrativas de inhabilitación para concursar en contratos de Administración Pública, como la sanción monetaria. Ello sucedió a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit presentaron demandas penales contra Oceanografía por incumplimientos de obligaciones laborales.
Pero la libertad de Yáñez y la ineficacia en el objetivo de evitar un despido masivo no son las únicas consecuencias lamentables de la negligencia de la Procuraduría. Además de ello, con la negativa de la PGR a establecer un monto del quebranto, se hace prácticamente imposible que Amado Yáñez sea obligado a cubrir una reparación del daño. Con ello, sumado a lo anterior, estamos ante la desaparición de responsabilidades por el caso y ante la práctica garantía de la impunidad.
Sin duda alguna, este episodio muestra un cuadro de grave descomposición del Estado de derecho en México. Se protege a delincuentes de cuello blanco, en virtud de que forman parte de una red de saqueo de los recursos públicos, con la decidida y activa participación de funcionarios de la administración pública y de la estructura del poder político; en este caso, para no remover escombros de los dos sexenios panistas. El panorama no podía ser más desalentador.
La autora es senadora de la República.
Twitter:@Dolores_PL
