El otorgamiento del beneficio de libertad bajo fianza a Amado Yáñez, accionista principal de la empresa Oceanografía es una prueba más del uso discrecional del sistema de justicia para beneficiar a personajes ligados al poder.
Acusado de un fraude por 5 mil 312 millones de pesos en contra de Citigroup Banamex y del desvío de un préstamo de la misma institución bancaria en beneficio de AMRH International Soccer (por 55 millones de pesos), Yáñez ha obtenido un beneficio que no se otorga a personas privadas por su libertad por cantidades irrisorias.
En este caso somos testigos de la puesta en práctica de la divisa de Eric Holder, quien, siendo fiscal de Estados Unidos, libró de la cárcel a los delincuentes de cuello blanco de Wall Street responsables de una crisis económica mundial, con el argumento de que “perseguirlos era inconveniente ya que ello afectaría a muchas familias que dependen de las empresas” dirigidas por los imputados. En pocas palabras llenas de cinismo: son muy grandes para ir a la cárcel.
Yáñez ha abandonado la prisión gracias a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República han actuado en el caso como Holder en Estados Unidos.
Hay que recordar que, en febrero de 2014, las autoridades decidieron intervenir Oceanografía tras demostrarse que la empresa utilizó documentos falsos derivados de su relación contractual con Pemex y que defraudó a Citigroup-Banamex.
El entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo a los senadores de la Comisión de Investigación de Oceanografía que sus acciones buscaban proteger ante todo la planta laboral, evitando despidos masivos (Oceanografía tenía, vía outsourcing, 11 mil empleados).
Sin embargo, la PGR no cumplió con su objetivo y Oceanografía fue a concurso mercantil. Los despidos continuaron y más de dos tercios de la planta laboral se encuentra hoy día en desempleo. En tanto, Yáñez ha obtenido la libertad tras pagar 7 millones y medio de pesos con recursos mal habidos.
La CNBV emitió opinión de delito en contra del principal accionista de Oceanografía al que tipificó dentro del artículo 112, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito que señala:
“Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución Serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en este artículo, aquéllos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de constructoras, desarrolladoras de inmuebles y/o agentes inmobiliarios o comerciales, que participen en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre los montos de los activos o pasivos de los acreditados, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dichos activos o pasivos” (Fracción I artículo 112 Ley de Instituciones de Crédito).
Este artículo indica que se trata de un delito grave. El cuarto párrafo del artículo 112 señala lo siguiente:
“Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario”.
El fraude de los accionistas de Oceanografía en contra de Citigroup-Banamex excede los 350 mil días de salario mínimo, en virtud de que el monto del fraude fue ubicado por el banco, con la información aportada por Pemex, en 400 millones de dólares.
La investigación de la CNBV presidida por Jaime González Aguadé determinó que los directivos de Oceanografía, incluido el liberado Yáñez, “conocieron, consintieron, implementaron y ejecutaron la conducta dolosa encaminada a proporcionar datos falsos sobre la veracidad e idoneidad de las Estimaciones de Obra y la Relación de Derechos de créditos a descontar, que fueron materia de la presente opinión, para la obtención de crédito en Banamex, lo que le generó un quebranto patrimonial a dicho banco acreedor por 455 millones 281 mil 729 pesos, que se encuentra inmerso en el registro contable del daño patrimonial por 5 mil 234 millones de pesos, esto a sabiendas de que con dicha falsedad se generaría, como en efecto ocurrió, el quebranto patrimonial”. La diferencia entre lo determinado por Citigroup-Banamex y lo determinado por la CNBV fue de 55 millones de pesos.
La PGR tipificó el delito de Amado Yáñez accionista principal de Oceanografía en la violación del artículo 112, fracción V Determinó de la Ley de Instituciones de Crédito. La PGR no presentó al Ministerio Público el monto del quebranto causado por Oceanografía y el principal accionista de la empresa Amado Yáñez por los créditos obtenidos con documentación apócrifa.
De lo anterior podemos concluir que hubo negligencia en la actuación de la PGR en contra de la empresa multicitada.
La PGR, al acusar a Amado Yáñez del delito basado en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, determinó que el accionista principal de Oceanografía fuera acusado por un delito no grave, de acuerdo a lo estipulado por la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. De esta manera la PGR desoyó la opinión de delito emitido por la CNBV. Esta situación se refuerza ya que la PGR no estableció el monto del quebranto causado por los créditos obtenidos por Oceanografía con documentación apócrifa basada en los contratos de Pemex.
Los elementos hicieron factible que Amado Yáñez obtuviera la libertad provisional.
Por si fuera poco, en el proceso el juez anuló las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a Oceanografía: la inhabilitación para concursar en contratos públicos, además de determinar nula la sanción monetaria. Ello pese a que el IMSS y el INFONAVIT presentaron demandas penales contra Oceanografía por incumplimientos de obligaciones laborales.
El caso de Oceanografía se añade, vergonzosamente, a la protección de delincuentes de cuello blanco desde lo más alto del poder.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
