A una década de iniciada la guerra contra el narco, aquellas imágenes del presidente Felipe Calderón portando uniforme castrense con las insignias de general o presenciando un desfile militar acompañado por su pequeño hijo, que usaba un atuendo verde olivo, resultan tan inolvidables como lamentables.
Resulta también imperecedera aquella reunión en el Alcázar del Castillo de Chapultepec el 23 de junio de 2011, convocada por Javier Sicilia, donde se contrapusieron dos discursos: la recriminación contra la estrategia de seguridad contra el narco por ser una guerra atroz y sin sentido, y la ausencia de arrepentimiento por enfrentar a los criminales del narcotráfico.
El expresidente nunca se esmeró en ocultar su insensibilidad con las víctimas resultantes de su guerra contra el narco, a tal grado de que las deshumanizó denominándolas daños colaterales; no mostraba desprecio por víctimas de otros delitos inscritos en la delincuencia organizada como el secuestro, la extorsión, el tráfico ilegal de armas o la trata de personas, pero sí con los traficantes de drogas, con toda la cadena de producción y tráfico, y con los consumidores y portadores, aunque lo fueran por apenas sobrepasar el límite marcado por la ley.
Debemos recordar que era común que el expresidente culpara a otros por los problemas del país. Para él, las denuncias contra el Estado mexicano que realizaban organismos internacionales por violaciones a los Derechos Humanos, el incremento de víctimas mortales, de personas desaparecidas y desplazadas, nada tenían que ver con su lucha, la responsabilidad era del Congreso de la Unión por no aprobar su ley de seguridad, cuyo cometido era dar certeza a las acciones de los militares contra las bandas de traficantes de drogas.
Por el contrario, el Congreso comenzó en la LXI Legislatura el proceso para definir una Ley de Atención a Víctimas, con muchos tropiezos precisamente por la reacción de un presidente cuya personalidad irascible, caprichosa y contestataria se impuso como una forma de gobernar.
Al comienzo de la nueva integración de legisladoras y legisladores en la LXII Legislatura, en el Senado no solo tuvimos que legislar a favor de las víctimas sino también atender el desastre relacionado con la tortura y la desaparición forzada o cometida por particulares, además de concretar los pendientes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos.
La Ley de Atención a Víctimas es una prueba fehaciente -junto con otros ordenamientos legislativos que nos ocupan como la mencionada ley contra la desaparición forzada o la despenalización de la marihuana- del tropiezo de una política de Estado que hoy no hay manera de sostener que puede tener éxito, porque tiene un problema de origen: el consumo de drogas no ha disminuido, y mientras haya demanda, siempre habrá quien la produzca, la transporte y la circule en las calles.
A más de cuatro años que la administración de Peña Nieto decidiera dar continuidad a la política calderonista de criminalizar el consumo de drogas, convendría reflexionar y reconsiderar la estrategia impuesta al mundo por Estados Unidos desde tiempos de Richard Nixon, particularmente a Latinoamérica; hacerlo nos permitiría rescatar al país del desastre, porque esta guerra, como se demuestra todos los días, es improbable que la gane el Estado.
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
@angelicadelap
