A principios de la década de los noventa del siglo pasado, una organización de abogados y abogadas democráticas de México acuñó como frase de lucha una idea que se resumía en estas palabras: “Los derechos se defienden ejerciéndolos”.
Y tenían razón, la mejor forma para defender nuestros derechos es ejerciéndolos. Pero también se defienden exigiendo su cumplimiento, exigiendo su respeto, exigiendo que se garanticen, que se promuevan, y sobre todo que se hagan efectivos en la vida diaria.
Por eso, más de 50 Constituyentes que participamos en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México hemos decidido reagruparnos y reencontrarnos para encabezar una defensa decidida y documentada sobre los derechos y obligaciones que aprobamos de manera colectiva en la innovadora Constitución de la Ciudad de México, pues el avanzar en el reconocimiento de los derechos fundamentales en esta ciudad no puede ser considerado como un atentado a la Constitución Federal o peor aún como lo han querido presentar públicamente los representantes del gobierno federal “como un riesgo al estado democrático de derecho”.
La defensa que haremos del texto Constitucional será precisamente utilizando las herramientas legales que nos otorga el artículo 1º de la Constitución Federal, es decir, usaremos el bloque de constitucionalidad en donde se reconocen los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como parte de los derechos Constitucionales para alegar que el reconocimiento progresista de una mejor forma de ejercer los derechos únicamente cumple con ese estándar internacional que se ha reconocido ahora como parte de nuestro marco normativo nacional.
Invocaremos también como herramienta de defensa legal, la interpretación conforme, que no es otra cosa más que la revisión y contraposición del texto de la Constitución de la Ciudad de México con el propio texto Constitucional Federal y con todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, demostraremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplicando esta interpretación conforme, el texto de la nueva Constitución cumple puntualmente con cualquier revisión legal que quieran imponerle.
Y finalmente usaremos el principio pro persona que también se reconoce en el texto del artículo 1º de la Constitución Federal para demostrar ante la Suprema Corte que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la Constitución de la Ciudad no buscan garantizar una interpretación más favorable para las el ejercicio de los derechos de las persona, demostraremos que esas acciones legales pretenden contener y limitar el avance progresista y garantista que ha caracterizado a esta ciudad en los últimos 20 años.
Es suma, vamos a defender la Constitución de la Ciudad de México con las propias herramientas que la Constitución federal nos ha reconocido y otorgado, por ello, vamos como Asamblea Constituyente a exigirle a la Suprema Corte que nos reconozca como partes con interés jurídico en todos los litigios que se desarrollan en el máximo tribunal, pues como ente colectivo lograremos expresar legal y públicamente que nuestra intención, fundamentación y motivación principal al momento de elaborar la Carta Magna de la Ciudad fue únicamente el de velar por más y mejores derechos para todas y todos.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
