La senadora Iris Vainey Mendoza Mendoza solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe detallado sobre la situación que guardan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo categorizadas como básicas, así como las acciones implementadas y dirigidas a éstas.
También pidió a la CNBV promover y garantizar el acceso al derecho a la inclusión financiera, proporcionado a este tipo de sociedades financieras y a los sectores sociales que se encuentran al margen de los servicios bancarios y financieros privados.
Y que dentro de sus facultades y atribuciones, genere todo tipo de campañas y estrategias que ofrezcan confianza a los socios de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el objetivo de promover el derecho a la inclusión financiera desde el sector cooperativo.
Mediante un punto de acuerdo por el que solicita que la CNBV informe sobre la situación de este tipo de sociedades y las acciones implementadas para fomentar su desarrollo, la legisladora por Michoacán señaló que desde el 2001 este sector ha sido duramente golpeado.
Detalló, que con la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) cuyo objetivo era regular las actividades de las cooperativas de ahorro y préstamo, así como las operaciones que realicen entre y con sus socios, a las sociedades cooperativas no se les reconoce su naturaleza jurídica.
“Desde ese año, el sector cooperativo inició un proceso social de defensa ante el intento de ser regulados como sociedades financieras populares del sector privado y, con ello, el movimiento contuvo la aplicación total de la ley que en ese momento les afectaba”, apuntó.
Además dijo que en 2009 se promulgó la Ley para Regular las Actividades y Operaciones de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin embargo la transición entre una ley y otra no generó el impulso para el desarrollo de estas sociedades; sino por el contrario la ha afectado de diferentes formas.
“La ley para regular las actividades de este sector les requiere una serie de una serie de recursos y tecnología que sólo poseen las entidades financieras como los bancos”, indicó.
Lo que ha significado, dijo, que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Básicas estén sobre reguladas y no puedan ejercer plenamente su derecho a la inclusión financiera.
Mendoza Mendoza especificó que de 2016, el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores reportó la existencia de 475 Sociedades categorizadas como de nivel básico, de las cuales el fideicomiso señala que fueron evaluadas 146, mientras que 206, no habían sido evaluadas.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y posterior dictamen.
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