La senadora Angélica de la Peña condenó el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto y expresó su solidaridad a su madre, la señora Ligia Canto, y a sus tres hijos, para quienes exigió las medidas cautelares necesarias que garanticen su vida e integridad por parte del gobierno de Yucatán y de las autoridades del gobierno federal.
La senadora del PRD apuntó que a la par de la investigación con perspectiva de género para detener y presentar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Molina Canto, se debe examinar la actuación de los funcionarios responsables de la protección de la activista y su familia, pues la Recomendación 54/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instruía proveerles todas las garantías de la Ley General de Víctimas, entre ellas, la seguridad.
Llamó la atención hacia el hecho de que la Recomendación 54/2014 de la CNDH no ha sido cumplida totalmente por las autoridades federales, las del gobierno de Tabasco y del Distrito Federal, “una vez más la falta de cumplimiento integral de las recomendaciones de la CNDH tuvo consecuencias terribles para las víctimas”, comentó.
En esta cadena de omisiones, la Fiscalía de Yucatán es responsable por no atender debidamente las denuncias que Emma Gabriela y su madre presentaron por el acoso que sufrieron durante tres años por parte de los familiares de quien fuera su esposo.
El caso de Emma Gabriela Molina y sus tres hijos es muestra de la violencia por cuestión de género que deben sobrevivir las mujeres en México; fue víctima de violencia física y sicológica mientras estuvo casada con Alberto Medina Sonda; posteriormente,Medina Sonda se valió de sus recursos económicos y su influencia como funcionario del ex gobernador tabasqueño Andrés Granier para encarcelarla durante 4 meses y secuestrar a sus hijos durante dos años.
“La batalla que dieron Emma Gabriela y su madre durante cinco años para recuperar la custodia de sus tres hijos y ejercer su derecho a una vida libre de violencia, ejemplifica que aún falta mucho para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva”, indicó.
La senadora Angélica de la Peña señaló finalmente que la justicia y la reparación integral del daño para la familia de Emma Gabriela no incluye solamente el castigo para los responsables de su artero asesinato, también debe contener una sanción para todas y todos los funcionarios que fueron omisos al no garantizar la mayor protección posible, como la ley les obliga, para sus derechos humanos y los de su familia.
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