Ejercicio igualitario de la política / El Sol de México


Angélica

Sin exagerar, debo señalar que en el Senado de la República dimos un paso histórico cuando la Comisión para la Igualdad de Géneros logró los consensos necesarios con todos los grupos parlamentarios para establecer los mecanismos de sanción para quienes ejerzan violencia política por razón de género.

Se trata de un paquete de reformas a cinco leyes que consolidan la protección jurídica de las mujeres que con grandes sacrificios están logrando entrar a los espacios de poder y que enfrentan los obstáculos de un sistema patriarcal, comenzando por los caciques de todos los colores partidistas, que buscan evitar que las mujeres ocupemos, como es nuestro derecho, los espacios de poder.

Las reformas a estas leyes generales resuelven definitivamente pendientes en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres que arrastrábamos desde 1953, cuando se definió en la Constitución nuestro derecho al voto.

Dice la Constitución: derecho al voto y a ser votada, pero requirió un largo proceso hacerlo realidad, pasando y recibiendo la estafeta de una legislatura a otra, entre mujeres e inclusive hombres, que se han incorporado a esta lucha por el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres.

¿Pero quién hubiera pensado que en la dinámica de exigibilidad de la igualdad de condiciones en la disputa de los encargos políticos y electorales, las mujeres tendrían que enfrentar la tortuosa amenaza, el hostigamiento, la presión, la violencia en distintas formas, de parte quienes hoy detentan el poder y que se valen de lagunas jurídicas para mantenerse ejerciéndolo?

Incluimos en la Ley General de Acceso en las Mujeres en la Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la modalidad de violencia política contra las mujeres.

Obligamos al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales, a los partidos políticos y a las Agrupaciones Políticas, a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso, erradicar el delito de violencia política por cuestión de género.

Se incrementan las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando, entre otros supuestos, se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.

También establecemos que corresponde a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos político electoral de las mujeres.

Se amplían también las facultades del Inmujeres en relación con la coadyuvancia de la formación de liderazgos políticos, así como en el impulso a los mecanismos que promuevan y protejan los derechos político electorales de las mujeres.

Respecto a los pueblos y comunidades indígenas, concretamos que deberán garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la no discriminación y enfatizamos la eliminación de la violencia política en contra de las mujeres.

Las elecciones de 2018 serán las primeras en nuestra historia en las que la mitad de las candidaturas corresponderán efectivamente a mujeres. Será la primera vez que el Congreso esté integrado por el principio de igualdad sustantiva.
Senadora por el PRD. Presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado

@angelicadelap