Mi remoción es de orden político / Revista Siempre


Barbosa

Es ilegal y acudo al TEPJF

Miguel Barbosa Huerta

Estas líneas se escriben a unas horas de que la Mesa Directiva del Senado de la República decida respecto al acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, en el cual me suspende mis derechos partidarios y me remueve de la coordinación del Grupo Parlamentario. Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, senador Pablo Escudero, declaró que propondrá que el Senado espere a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida qué es lo que legalmente corresponde y agregó que es su obligación velar por la autonomía de los grupos parlamentarios, y que la organización y funcionamiento solo les corresponde a ellos.

Lo que aprobó el CEN fue una sanción política de quienes controlan su vida interna y son enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Quisieron enviar un mensaje de fuerza para hacer valer su control y de manera autoritaria y desesperada tratar de evitar que cuadros y militantes perredistas, ante la ausencia de ruta, estrategia y candidato propio rumbo a la elección de 2018, apoyen a López Obrador. Para ellos está bien que se realicen declaraciones de apoyo, se acompañe en giras y se busquen acercamientos con los aspirantes e incluso candidatos del PAN en elecciones locales, el gobierno federal o el PRI, pero ante sus ojos inquisidores resulta inaceptable y merecedores de sanciones aquellos que impulsemos la discusión para que el PRD apoye a López Obrador o que nos pronunciemos a su favor.

La reacción del CEN fue tan furibunda y desproporcionada porque mi decisión se inscribe en la que ya han tomado muchos militantes y dirigentes del partido. Quieren imponer la mano dura para limitar la libertad de expresión y el derecho de proponer una línea política que se aparta del colaboracionismo más evidente con el poder y los privilegiados del sistema. La discusión sobre la línea política nunca debilitará el PRD, es el simple ejercicio de un derecho. Lo que lo daña es la parálisis, el solapamiento de actos de corrupción como los moches. Los que intentan destituirme de la coordinación y pretenden quitarme mis derechos partidarios quedarán en ridículo.

En un solo acuerdo, el CEN pretende iniciarme procedimiento sancionatorio, suspenderme mis derechos partidarios, removerme del cargo de coordinador, nombrar como mi sustituto a la vicecoordinadora, depurar al grupo de los integrantes no afiliados al PRD y solicitar informes detallados de la situación financiera del grupo. El contenido de este acuerdo es contrario al Estatuto del PRD y vulnera mis derechos y garantías.

La realidad es que la dirección nacional del PRD carece de facultades para “suspender derechos” de militantes, por lo cual la pretendida “suspensión” de mis derechos fue decidida sin capacidad estatutaria y, por tanto, es nula de pleno derecho. La decisión de destituirme como coordinador no es válida debido a que se basa en la antiestatutaria “suspensión de derechos” y, además, no se confirió el derecho de audiencia, indispensable según el Estatuto, ya que nunca he sido notificado de las imputaciones en mi contra ni citado a comparecer.

La resolución adoptada por el CEN pretende iniciar un procedimiento sancionador, pero no indica la queja o el motivo, como tampoco los actos u omisiones que lo hubieran causado, por lo cual no existe en la realidad procedimiento alguno.

Las actuaciones del CEN en este escandaloso caso no se han apegado a ninguna norma estatutaria y contrarían, evidentemente, el derecho al debido proceso y defensa ante instancia competente. En consecuencia, la resolución no debe ser acatada por ningún senador o senadora, en tanto que esa instancia de dirección carece de capacidad estatutaria y legal para dar órdenes administrativas a los miembros del Congreso de la Unión.

Debe recordarse que ningún procedimiento de responsabilidad política procede por la simple manifestación de las ideas, de conformidad con la Constitución, lo cual se debe hacer extensivo, como principio, a todos los ámbitos políticos de la república. De acuerdo con la Constitución, los diputados y los senadores al Congreso de la Unión son “inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Ninguna persona puede ser discriminada por sus opiniones. Por otra parte, el PRD consagra los derechos de crítica, opinión y proposición de sus miembros.

La verdad es que la resolución del CEN es un ataque contra el Grupo Parlamentario y no sólo contra un servidor, pues trasciende la ilegal sanción que pretenden imponerme, y afecta de tal modo a todos los integrantes del grupo, a su capacidad de libre decisión, a sus derechos a intervenir en todo asunto que les ataña y a su organización como parte de un órgano del Poder Legislativo de la Unión.

Aunque los argumentos legales para detener esta aberración jurídica abundan y estoy seguro que el Tribunal Electoral me otorgará la razón, el corazón de este asunto es político. Se trata de impulsar en el seno del PRD una ruta congruente con su historia, sus documentos básicos y papel en la vida política nacional: apoyar a López Obrador e impulsar el cambio que el país necesita.

@MBarbosaMX

Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República