El senador Zoé Robledo exigió al Poder Judicial de Chiapas respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso a empresarios detenidos arbitrariamente el pasado 2 de febrero en Tuxtla Gutiérrez.
En conferencia de prensa, el legislador chiapaneco informó que el pasado 2 de febrero de 2017, diversos empresarios se manifestaron afuera de la Torre Chiapas para exigir el pago por parte del gobierno estatal de diferentes adeudos de la administración actual y de la anterior.
No obstante, dijo de 63 empresarios detenidos originalmente hoy sólo se mantienen 4 en reclusión: Jazmín Martínez Camacho, Constantino Ortega, Jorge Ricardo García Ramos y Rafael Jiménez Arechiga.
Quienes denuncian una serie de irregularidades en su proceso judicial que les impide tener un proceso justo y recuperar su libertad, entre las que destacan que el delito por el que se les acusa, despojo agravado, simple y sencillamente no ocurrió.
Además de que quien interpone la querella dice ser la representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, cuando ésta empresa estatal fue disuelta por el Congreso del estado en septiembre de 2013.
“Se habla de despojo agravado, supuestamente, por haber hecho uso de violencia. Hay suficientes pruebas, incluidos videos que demuestran que el acceso a la Torre fue pacífico por una razón, estos empresarios habían estado acudiendo a diversas reuniones en la Torre de manera recurrente y ésta era una reunión más, no hubo violencia y está demostrado en los videos”, apuntó.
Por lo que solicitó a la Procuraduría estatal actuar conforme a su mandato, sin facciones ni consignas, y en caso de no encontrar elementos suficientes para suponer la existencia de algún delito, ejercer la facultad exclusiva de desistimiento de la acción penal contra los empresarios.
Asimismo, pidió que el Poder Judicial del estado de Chiapas, a través del Consejo de la Judicatura, conforme una comisión para investigar cualquier hecho que pueda constituir una violación a las garantías o cualquier irregularidad que altere cualquier disposición legal y lo dé a conocer.
Además exigió que el Juez de Control del Poder Judicial del Estado, Iván Martínez Villatoro, salvaguardar los derechos procesales de las partes y proteja los derechos humanos de los inculpados.
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