Prioritario, atender violencia gineco-obstétrica por el fuerte impacto que está teniendo en la vida de las mujeres de nuestro país: Lorena Cuéllar


Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

Lorena Cuéllar Cisneros (LCC): Con su permiso, señora Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores:

 

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los supuestos mínimos bajos los cuales deben actuar con la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica en los servicios de salud, del sector público o privado.

 

Desde hace algunos años hemos trabajando en nuestro marco jurídico sobre la manera como debemos orientar las políticas institucionales para atender el tema de la violencia gineco-obstétrica en nuestras instituciones, situación que llevó al dictamen que aprobamos en 2014, donde se incorpora el concepto de violencia obstétrica a la ley de referencia, con el objetivo de brindar certeza, seguridad y tranquilidad a las mujeres durante la gestión, parto y puerperio.

 

Dicho dictamen le definió, como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio.

 

Con la presente iniciativa complementamos dicho esfuerzo estableciendo las pautas de conducta sobre las que debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica, esto lo consideramos justificado porque estamos ante un problema que persiste en nuestra sociedad, y que de acuerdo con distintos indicadores, está atentando contra los derechos fundamentales de millones de mexicanas.

 

Datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, calculan que al menos 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de este tipo de violencia y enfatiza que alrededor del 46 % de nacimientos durante el 2014, fueron cesáreas, lo que permite concluir que esta práctica se está generalizando a pesar de que deben de considerarse sólo en algunos casos.

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre lo fundamental que es la intervención de los distintos niveles de autoridad para evitar que de forma sistemática o institucionalizada se den acciones u omisiones por parte del personal, que causen daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o posparto.

 

Además estamos ante un problema que limita la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre nuestros derechos reproductivos, y conlleva una serie de elementos que incluyen tratos inhumanos y crueles, discriminación, exclusión y condicionamiento sobre medicalización, entre otras conductas nocivas que configuran la violencia.

 

Estas características impiden el sano ejercicio de los servicios de salud en nuestro país, donde además considerando que cuentan con capacidad operativa rebasada, tanto en infraestructura como en personal, vemos casi imposible tener una atención adecuada hacia las mujeres que atraviesan por episodios obstétricos, donde incluso llevan a verse limitadas en cuanto a información, pues no se les indica con claridad sobre el tratamiento que van a recibir o sobre cómo se realizará el mismo.

 

En este sentido, por ejemplo, en un parto se ha generalizado de tal manera la atención que lejos de un diagnóstico singular, se realiza el mismo procedimiento a todas las embarazadas por igual, a pesar de que algunas pacientes no muestran complicaciones y podrían llevarse a cabo de manera natural, o bien, tendrían la decisión acerca del proceso de su preferencia.

 

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, suscrito por la Secretaría de Salud, señala la necesidad de implementar políticas públicas con visión de futuro, donde la meta sea garantizar excelentes servicios y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

 

En consecuencia, es prioritario atender esta problemática por el fuerte impacto que está teniendo en la vida de las mujeres de nuestro país.

 

El Inegi ha señalado que el 76 % de la población femenina con vida reproductiva ha necesitado atención  médica durante el período del embarazo, parto y puerperio.

 

Por otra parte, a pesar de que existen normatividad orientada a reducir este tipo de violencia pocas veces son monitoreas o aplicadas ante la falta de denuncias por parte de las víctimas, ya que en muchas ocasiones las mujeres guardan silencio sobre los abusos que han sufrido y se carece de mecanismo que permitan sancionar a quienes incurren en este tipo de acciones u omisiones de tal manera que muchas quedan impunes.

 

Con la presente iniciativa incorporamos puntualmente a la ley las pautas mínimas sobre las que se debe actuar y que la Secretaría de Salud debe de tomar en cuenta para evitar la violencia gineco-obstétrica, tales como:

 

Omitir la atención inmediata de emergencias ginecológicas u obstétricas.

 

Obligar a la madre a partir de determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse a cabo en una más cómoda y beneficio para el lactante.

 

Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa médica justificada.

 

Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de las mujeres.

 

Y por último, no dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea.

 

Además, buscamos fortalecer el poder coercitivo de estas acciones hacia las responsables, añadiendo que las legislaturas de los estados llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no sólo a hombres, sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área sanitaria.

 

Cabe aclarar que únicamente en Veracruz este tipo de violencia está tipificada como un delito, con sanciones que van de tres a seis años de prisión y multas de hasta 300 días de salario mínimo.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

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